La desregulación del régimen de practicaje derivó en un paro de trabajadores que se siente en los puertos bnaerenses. Fuentes de la terminal portuaria local manifestaron a EL NORTE que “la falta del servicio de prácticos está demorando el movimiento de los buques”. En este momento hay tres buques amarrados, con sus operaciones finalizadas, y otro buque en rada a la espera de poder ingresar.
De la redacción de EL NORTE
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La entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que modificó el régimen de practicaje y pilotaje impulsado por el Gobierno nacional, derivó en una medida de fuerza que comenzó a afectar la actividad portuaria bonaerense.
La protesta alcanza a prácticos, pilotos y baqueanos y genera demoras en operaciones vinculadas con hidrocarburos, cargas agroindustriales y proyectos energéticos. En la provincia de Buenos Aires, la situación se registra en puertos como La Plata, Dock Sud, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca. Pero también en la terminal portuaria de San Nicolás. Fuentes vinculadas al consorcio de gestión que administra el Puerto local indicaron a EL NORTE que “la falta del servicio de prácticos está demorando el movimiento de los buques”. En este momento hay tres buques amarrados, con sus operaciones finalizadas, y otro buque en rada a la espera de poder ingresar. “La falta del servicio de prácticos está demorando el movimiento de los buques y, en consecuencia, afectando el normal funcionamiento de toda la cadena operativa portuaria”, explicaron.
El nuevo régimen
El Decreto 690/2026 reemplazó la reglamentación que regía desde 1991 y modificó las condiciones de prestación del practicaje y pilotaje. Entre otros cambios, habilita un registro abierto de profesionales, amplía la libertad de contratación y elimina algunas restricciones que el Gobierno considera barreras de entrada al mercado.
También establece que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación determine tarifas máximas y modifica los supuestos en los que los buques deben contratar obligatoriamente un práctico. La normativa incorpora además mecanismos para garantizar la continuidad del servicio ante situaciones excepcionales, incluyendo la posibilidad de que Prefectura preste directamente el servicio.
El Gobierno sostiene que la reforma busca aumentar la competencia y reducir los costos logísticos del comercio exterior. El argumento oficial apunta especialmente contra un esquema que, según la administración nacional, había generado restricciones para el ingreso de nuevos prestadores y encarecido la operatoria de los buques.
