El Consejo de Derechos Humanos aprobó por consenso una resolución que incorpora explícitamente el concepto en un documento negociado por Naciones Unidas. En Argentina, el Observatorio “Ahora que sí nos ven” manifestó sobre la problemática: “La distancia entre las leyes y las experiencias concretas sigue siendo alarmante; muchas de estas violencias continúan invisibilizadas e incluso justificadas”.
De la Redacción de EL NORTE
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El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por consenso la resolución «Promoción, protección y respeto del pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en situaciones humanitarias». De este modo, se convirtió en el primer documento final negociado del sistema de Naciones Unidas en reconocer explícitamente la violencia reproductiva como una forma específica de violencia de género.
La resolución expresa su profunda preocupación por las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres y las niñas en contextos humanitarios y, por primera vez, incorpora la violencia reproductiva entre las violaciones que requieren prevención, protección y respuesta por parte de los Estados y de la comunidad internacional. Entre ellas, menciona la anticoncepción forzada y la negación del acceso a anticonceptivos, el embarazo forzado, el aborto forzado y la esterilización forzada –incluso cuando estas prácticas son utilizadas con la intención de destruir a un grupo–.
Asimismo, el texto llama a fortalecer mecanismos accesibles, seguros y confidenciales de denuncia, derivación y atención para las sobrevivientes –con un enfoque centrado en las víctimas, y sensible al género, la edad y la discapacidad–.
La violencia reproductiva comprende acciones u omisiones que vulneran la autonomía de las personas para decidir sobre su reproducción y su salud sexual. Incluye prácticas como la esterilización forzada, la anticoncepción o el embarazo impuestos, la negación del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la violencia obstétrica, la criminalización de decisiones reproductivas y cualquier intervención que limite el derecho a decidir libremente sobre el propio cuerpo.
HERRAMIENTAS Y ESTADOS
La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) señaló que este reconocimiento fortalece los estándares internacionales de derechos humanos y brinda mayores herramientas para prevenir estas violencias, proteger a las sobrevivientes y exigir la rendición de cuentas de los Estados responsables. Además, adquiere especial relevancia en contextos humanitarios, donde mujeres y niñas enfrentan mayores riesgos de violencia sexual, embarazos forzados, falta de atención médica y restricciones para acceder a servicios esenciales de salud reproductiva.
La incorporación del término también evidenció las diferencias entre algunos Estados respecto al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Durante la discusión de la resolución, el Gobierno de Costa Rica manifestó reservas sobre el uso del concepto «violencia reproductiva» al argumentar que no forma parte de tratados internacionales jurídicamente vinculantes y que su inclusión podría ampliar las obligaciones para los Estados. Pese a estas objeciones, el texto fue aprobado por consenso y consolidó un nuevo referente para futuras políticas públicas, litigios internacionales y los mecanismos de protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
SITUACIÓN EN ARGENTINA
Con motivo de la semana del parto respetado que se conmemoró en mayo, el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven” expuso: “Parir con respeto es un derecho. Sin embargo, miles de mujeres y personas gestantes en nuestro país siguen atravesando situaciones de violencia ginecobstétrica dentro del sistema de salud. En Argentina, la Ley 25.929 de Parto Respetado garantiza el derecho a recibir información clara, a decidir sobre el propio cuerpo y a ser escuchadas y acompañadas durante el embarazo, el parto y el posparto. Además, la Ley 26.485 reconoce la violencia obstétrica como una modalidad de violencia de género. Pero la distancia entre las leyes y las experiencias concretas sigue siendo alarmante; muchas de estas violencias continúan invisibilizadas e incluso justificadas en la atención médica”.
El espacio marcó que “la falta de estadísticas oficiales sobre violencia obstétrica constituye parte de su invisibilización institucional y dificulta su prevención y abordaje”. Según el Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina (OVOA), el 60% de las personas gestantes del país denunció en 2024 haber vivido una mala experiencia en la atención ginecológica u obstétrica. El relevamiento realizado además arrojó que el 46% padeció maltrato psicológico, el 31% recibió intervenciones sin consentimiento, el 28% sufrió maltrato físico, el 27% sintió que su vida o la de su hijo o hija corría peligro y el 25% sintió que tendría consecuencias si no hacía lo que le indicaban.
“La violencia obstétrica es ejercida por el sistema de salud, que disciplina y vulnera los cuerpos gestantes cuando se niega información, se minimiza el dolor, se impide el libre movimiento durante el trabajo de parto o se realizan prácticas sin consentimiento. Hablar de parto respetado también es romper el silencio sobre experiencias que durante años fueron minimizadas, desacreditadas o vividas en soledad. El respeto, la autonomía y el acceso a una atención digna no pueden depender del lugar donde se nace, del dinero que se tenga o de la voluntad de quien atiende. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei recortó, como nunca antes, el presupuesto destinado a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las diversidades. Parir sin violencia es un derecho. Garantizarlo es una responsabilidad del Estado y de todo el sistema de salud. Basta de disciplinar nuestros cuerpos”, concluyó el Observatorio.
