Proyecto para prohibir celulares en cárceles y frenar el delito remoto
NewsITe
La Libertad Avanza presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca prohibir de forma expresa el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles en las cárceles argentinas. La iniciativa apunta a frenar la organización de delitos desde los penales, en especial estafas virtuales, extorsiones y el comando de bandas del crimen organizado.
La propuesta lleva la firma de la diputada libertaria Silvana Giudici y plantea una reforma de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. El objetivo es cerrar el margen de interpretación que permitió, durante el gobierno de Alberto Fernández y en el contexto de la pandemia de COVID-19, autorizar el uso de teléfonos por parte de personas privadas de la libertad para mantener contacto con sus familias.
El texto establece la prohibición de la “tenencia, uso, facilitación, comercialización o introducción por cualquier medio de dispositivos móviles o inalámbricos de comunicación, incluyendo teléfonos celulares, tarjetas SIM, módems, routers portátiles o cualquier otro dispositivo apto para la transmisión de voz, datos o acceso a redes de comunicación, por parte de las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios”.
Alcance de la medida y antecedentes normativos
De aprobarse, las personas detenidas solo podrán utilizar equipamiento informático instalado y expresamente autorizado por la autoridad penitenciaria competente, en el marco de programas educativos, laborales o de reinserción social. Ese uso deberá ser bajo condiciones de estricto control, para evitar que vuelva a convertirse en una vía para cometer ilícitos.
Giudici recordó que tanto resoluciones judiciales como decisiones del Ministerio Público Fiscal vienen ordenando la prohibición del uso de telefonía celular en cárceles. Sin embargo, consideró necesario plasmar esta restricción en una ley de alcance general y de carácter complementario del Código Penal, para reforzar su cumplimiento en todo el país y reducir los márgenes de discrecionalidad.
La diputada mencionó como antecedente la reforma de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se avanzó en la instalación de inhibidores de señal en pabellones y módulos de distintos penales, y se había establecido la prohibición de comunicaciones telefónicas a través de equipos móviles. Esa política se modificó en 2020, cuando la entonces interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós, habilitó nuevamente el uso de celulares ante la suspensión de visitas por la emergencia sanitaria.
Delitos organizados desde las cárceles y casos recientes
En los fundamentos del proyecto, Giudici advirtió que el uso de dispositivos móviles en los penales “se ha transformado en una fuente delictiva” que permite que los internos continúen cometiendo ilícitos desde el interior de las unidades. Entre los hechos señalados figuran estafas virtuales mediante llamados telefónicos, suplantación de identidad de funcionarios públicos para exigir transferencias de dinero, manejo de cuentas bancarias y billeteras virtuales, y la planificación de atentados y otros delitos complejos.
La legisladora también hizo referencia a distintas denuncias registradas entre 2020 y 2022 sobre la articulación de maniobras delictivas desde unidades penitenciarias. Como ejemplo reciente, mencionó el caso del soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó en la Quinta de Olivos y cuya investigación derivó en la detención de tres mujeres acusadas de extorsionarlo mediante aplicaciones, así como de otros tres hombres que habrían operado desde los penales bonaerenses de Magdalena y Olmos.
- Prohibición total de celulares, tarjetas SIM, módems y routers portátiles para personas privadas de la libertad.
- Uso limitado y controlado de equipos informáticos autorizados para fines educativos, laborales o de reinserción.
- Fundamento en el aumento de estafas virtuales, extorsiones y coordinación de bandas criminales desde las cárceles.
- Reafirmación de la línea marcada por la reforma de 2017 y cuestionamiento a la flexibilización aplicada desde 2020.
“El uso de dispositivos móviles en las cárceles se ha transformado en una fuente delictiva posibilitando que los internos cometan ilícitos desde el interior del penal”, argumentó Silvana Giudici.
El proyecto cuenta con el respaldo de un amplio bloque libertario en Diputados. Entre los firmantes se encuentran Nicolás Mayoraz, Laura Rodríguez Machado, Damián Arabia, Sergio “Tronco” Figliuolo, Marilú González Estevarena, Patricia Holzman, César Treffinger, Patricia Vázquez, Alejandro Fargosi, Alejandro Bongiovanni, Carlos Zapata, Mercedes Llano, Álvaro Martínez y Giselle Castelnuovo. La discusión legislativa pondrá nuevamente en debate el equilibrio entre el derecho a la comunicación de las personas detenidas y la necesidad de impedir que los penales se conviertan en centros de comando del delito.
