La Ciudad no podrá desalojar por “riesgo edilicio” sin garantizar soluciones
NewsITe
La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la suspensión de los desalojos administrativos por presunto peligro de derrumbe que venía impulsando la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri. La medida cautelar recayó sobre los procedimientos aplicados en inmuebles con fines habitacionales y apunta a frenar desalojos fundamentados en razones edilicias sin ofrecer previamente alternativas adecuadas para las familias afectadas.
La resolución fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, a partir de una acción de amparo presentada por la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEyAI) junto con los legisladores porteños Alejandro “Pitu” Salvatierra y Victoria Freire, esta última presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura. El planteo cuestiona la forma en que el Gobierno porteño venía utilizando informes de riesgo edilicio para justificar desalojos masivos.
En su decisión, el tribunal ordenó al Ejecutivo de Jorge Macri que se abstenga de ejecutar “medidas materiales o administrativas de evacuación” o de impedir el ingreso de las personas a viviendas de uso habitacional cuando se invoquen motivos de estructura, salubridad, seguridad o riesgo constructivo, sin cumplir antes con una serie de recaudos mínimos de protección. Entre ellos, se remarca la obligación de resguardar el derecho a la vivienda y la integridad de los grupos familiares.
El fallo también establece que, ante una situación de supuesta urgencia por riesgo edilicio, el Gobierno de la Ciudad deberá comunicarse de manera inmediata con el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de turno. De esta forma, busca evitar decisiones unilaterales por parte de la administración y garantizar un control judicial previo en casos donde estén en juego la salud y la vida de las personas residentes.
Obligación de ofrecer alternativas habitacionales
La Justicia fue más allá y dispuso que, si por razones objetivas de seguridad resulta necesario impedir que las familias pernocten en sus hogares, el Gobierno porteño está obligado a brindar una “respuesta habitacional transitoria, inmediata y efectiva”, adecuada a la composición y necesidades de cada grupo familiar. Esto incluye contemplar la presencia de niños, niñas, adultos mayores o personas con discapacidad, entre otros factores de vulnerabilidad.
Además, el juzgado citó a una audiencia a todas las partes involucradas para revisar la situación general de los desalojos administrativos por riesgo edilicio en la Ciudad y el modo en que se implementan las políticas de vivienda. Organizaciones sociales y especialistas en derecho a la vivienda vienen advirtiendo desde hace años sobre el déficit habitacional en el distrito porteño y el impacto de las medidas de desalojo en los sectores de menores ingresos.
- La medida alcanza a desalojos motivados por supuestos riesgos edilicios o de salubridad.
- El Gobierno deberá informar de inmediato a la Justicia ante situaciones de urgencia.
- Se exige garantizar una solución habitacional transitoria a las familias afectadas.
“Es muy importante que la Justicia ponga un freno a la prepotencia de Jorge Macri que viene manipulando trámites administrativos para llevar adelante desalojos y dejar a cientos de familias en la calle. Una de cada tres personas desalojadas son niños y niñas”, sostuvo la legisladora Victoria Freire al valorar el alcance de la resolución judicial.
Con este fallo, la Justicia porteña introduce un límite a la política de desalojos basada en riesgos edilicios y refuerza la obligación del Estado local de garantizar alternativas habitacionales dignas antes de cualquier medida que implique dejar a familias en la calle. El desarrollo de la audiencia convocada en el fuero contencioso será clave para definir los próximos pasos y el impacto real de esta decisión en los barrios más vulnerables de la Ciudad.
