Ley de Financiamiento Universitario: fuerte intimación al Gobierno
NewsITe
El juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick intimó al Gobierno nacional a cumplir de manera estricta con la Ley de Financiamiento Universitario, al considerar que la administración de Javier Milei no acató lo dispuesto en la medida cautelar vigente sobre actualización de salarios y becas en el sistema universitario público.
En su resolución, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 otorgó un plazo máximo de cinco días hábiles para que el Poder Ejecutivo actualice los haberes del personal docente y no docente de las universidades nacionales, así como los montos de las becas estudiantiles, tal como marca la normativa. El magistrado precisó que, para ajustarse a la ley, el incremento salarial debe ser del 33%.
Cormick advirtió además que, en caso de persistir el incumplimiento, se aplicarán multas económicas diarias al Estado nacional. La advertencia judicial se da luego de que, semanas atrás, el juez rechazara el pedido del Gobierno para que se levantara la cautelar, al considerar que el acuerdo salarial firmado en junio no alcanzaba para demostrar que el conflicto estaba resuelto.
En aquella oportunidad, el magistrado había exigido al Estado que detallara y documentara, en un plazo de tres días, el nivel de cumplimiento de la medida. Ahora, tras analizar la información remitida por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, concluyó que los datos aportados no son suficientes para acreditar que la orden judicial haya sido acatada.
Repercusiones políticas y universitarias
La decisión de la Justicia reavivó el debate político en torno al financiamiento de la educación superior. El diputado Esteban Paulon recordó en la red social X que hace un año presentó una denuncia por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público contra el presidente Milei y otros integrantes del Gabinete, reclamando el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. “Siguen sin cumplir”, señaló, y pidió al Gobierno que “cumpla la ley”.
En la misma línea se expresó Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador, quien vinculó la falta de actualización salarial y presupuestaria con la sucesión de medidas de fuerza en las universidades nacionales, en particular en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). “Quieren desgastar la educación pública, lo nacional, lo que es de todos y todas”, sostuvo, al tiempo que remarcó la importancia de defender a las casas de estudio que “forman, investigan y abren oportunidades”.
Desde el ámbito académico, el rector de la UNR y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, celebró la resolución judicial y la calificó como “una excelente noticia”. Recordó que desde el CIN venían reclamando que se hiciera efectiva la cautelar y señaló que ahora esperan que el Gobierno “haga lo que debe hacer” y cumpla en los plazos fijados por el juez.
Impacto en el sistema universitario
La intimación reabre la discusión sobre la sustentabilidad financiera de las universidades públicas frente a la inflación y al incremento de costos operativos. Rectores, docentes y estudiantes vienen advirtiendo desde comienzos de año que la falta de actualización de partidas compromete el normal funcionamiento de las instituciones, desde el pago de salarios hasta el sostenimiento de programas de investigación, extensión y asistencia estudiantil.
- Actualización obligatoria de salarios docentes y no docentes en un 33%.
- Aumento de fondos destinados a becas para estudiantes universitarios.
- Posibles multas económicas diarias al Estado si no se cumple la orden.
- Reclamos de legisladores y autoridades universitarias por la plena vigencia de la ley.
“Vamos a seguir con mucha responsabilidad y con mucha firmeza, hasta que la ley se cumpla integralmente, como corresponde”, afirmó el rector Franco Bartolacci en nombre del CIN.
En este contexto, la resolución de Cormick suma presión política y judicial sobre el Ejecutivo nacional, que deberá definir en los próximos días cómo responder al fallo. Mientras tanto, el sistema universitario continúa en estado de alerta, a la espera de que la actualización de salarios y becas se concrete y permita garantizar la continuidad de la educación superior pública en todo el país.
