La medida continúa activa luego de que el Ministerio de Seguridad apelara el fallo que había declarado su nulidad. La ministra Alejandra Monteoliva afirmó: “El orden se sostiene”.
La Justicia mantiene vigente el protocolo antipiquetes después de la apelación presentada por el Ministerio de Seguridad. La cartera que lidera Alejandra Monteoliva confirmó la suspensión del fallo que había declarado nula la aplicación del protocolo. La ministra afirmó: “El orden se sostiene”.
El Ministerio de Seguridad apeló el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 que había declarado la nulidad del protocolo antipiquetes diseñado por Patricia Bullrich. Desde la cartera confirmaron: “Ya presentamos la apelación y el juzgado concedió el recurso con ‘ambos efectos’, es decir que la sentencia judicial queda suspendida hasta que la Cámara resuelva la apelación. Mientras tanto, el protocolo se puede seguir aplicando”.
Las autoridades recurrieron a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para sostener la medida aplicada desde el inicio de la gestión. A través de su cuenta de X, Alejandra Monteoliva celebró la decisión judicial y expresó: “EL PROTOCOLO SIGUE VIGENTE. La Justicia nos dio la razón: concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos de la sentencia que declaraba la nulidad del Protocolo”. La ministra agregó: “El Protocolo sigue vigente y puede aplicarse. Lo dijimos ayer y lo reafirmamos hoy: no vamos a dar un paso atrás. El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras”.
El lunes, el juez federal Martín Cormick anuló la vigencia del protocolo al sostener que el Poder Ejecutivo “atribuyó facultades que la Constitución Nacional reserva de manera exclusiva para el Poder Legislativo”. El Juzgado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales y determinó que el protocolo tiene “vicios en su conformación legal”.
En su fallo, el magistrado detalló que la administración pública no posee la potestad de dictar normas que restrinjan derechos constitucionales sin una ley previa del Congreso que habilite tales limitaciones. Entre ellos mencionó la libertad de reunión, la libre expresión y el derecho de peticionar a las autoridades.
Desde el Gobierno respondieron tras la resolución judicial. Fuentes de Casa Rosada afirmaron: “El 70% de los argentinos está a favor del protocolo. Esto es político. Se va a apelar. No vamos a dar un paso atrás. Vamos a ir contra esta medida que va en contra de los argentinos. Sin protocolo vuelve el desorden. Sin protocolo, no hay orden”.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo: “El protocolo ‘anti-piquetes’ sigue vigente. Saludos a todos”. Durante la mañana, aseguró: “La gran mayoría de los argentinos respalda esta valiosa herramienta que nos devolvió el orden en las calles y que garantiza la tranquilidad de todos aquellos que quieren vivir en paz. El protocolo, que tiene fundamentos jurídicos, técnicos y operativos, ya fue validado por la Justicia en múltiples ocasiones. Sin protocolo volvemos al caos, volvemos a las calles tomadas por más de 8000 piquetes anuales como ocurría en la gestión anterior. Este Gobierno no va a dar ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden”.
La actual senadora de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad Patricia Bullrich también se expresó sobre la vigencia del protocolo. Desde su cuenta de X afirmó: “Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende. El Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia”.
El Protocolo Antipiquetes fue creado el 14 de diciembre de 2023 y oficializado mediante la Resolución 943/2023 publicada en el Boletín Oficial. Su implementación comenzó el 20 de diciembre, durante una masiva protesta convocada por organizaciones de izquierda en rechazo a las políticas económicas del gobierno nacional.
La aplicación del protocolo generó críticas de sectores opositores que cuestionaron su despliegue. Entre los elementos citados se encuentra el caso del fotógrafo Pablo Grillo, que resultó herido durante una protesta, y la presentación de un habeas corpus impulsado por la dirigente del MST Celeste Fierro. En relación a esta presentación, el juez Sebastián Casanello ordenó ajustar el accionar de las fuerzas de seguridad a los límites fijados por la Constitución Nacional.
