El juez Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar vigente y advirtió que podría aplicar multas por cada día de demora. La resolución alcanza a la recomposición salarial de docentes y no docentes y a la actualización de las becas estudiantiles.
La Justicia volvió a intervenir en el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales y fijó un plazo de cinco días para que el Gobierno cumpla con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien consideró que no existe un cumplimiento total de la medida cautelar que se encuentra vigente. En su resolución, intimó al Estado Nacional y al Poder Ejecutivo a darle “efectivo cumplimiento” dentro del plazo establecido y advirtió que, de persistir la demora, podrá aplicar multas diarias.
La decisión se refiere específicamente a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El primero establece la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales, mientras que el segundo contempla la recomposición de los programas de becas destinados a estudiantes.
El conflicto judicial comenzó luego de que el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades reclamaran la aplicación efectiva de la norma. La medida cautelar dictada originalmente por Cormick fue posteriormente confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
El Gobierno había pedido levantar la cautelar
En los últimos meses, el Ejecutivo sostuvo que distintos acuerdos alcanzados con el sistema universitario permitían considerar cumplidos, al menos en lo sustancial, los puntos cuestionados de la ley. En junio, el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional y representantes gremiales habían firmado un acuerdo que contemplaba fondos para salarios, gastos de funcionamiento y becas.
Sin embargo, el juez rechazó el 1° de septiembre el pedido del Gobierno para levantar la medida cautelar. Según la resolución, el Estado no había demostrado que los acuerdos alcanzados hubieran eliminado las situaciones que dieron origen al reclamo judicial.
Con la nueva intimación, el Ejecutivo deberá avanzar en el cumplimiento de lo dispuesto por la Justicia dentro de los próximos cinco días. En caso contrario, el magistrado podrá disponer las denominadas astreintes, multas económicas por cada día de incumplimiento.
La decisión se produce mientras continúa el conflicto entre el Gobierno y las universidades nacionales por salarios, presupuesto y condiciones de funcionamiento. En paralelo, el sector universitario mantiene anunciada una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.
