La cautelar que obliga a San Isidro a garantizar el acceso al aborto legal
NewsITe
La Justicia en lo Contencioso Administrativo de San Isidro ordenó al municipio suspender un protocolo interno que, según denuncias de organizaciones de derechos humanos, imponía restricciones y obstáculos para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La medida cautelar, dictada por el Juzgado de Primera Instancia N.º 2, obliga al Ejecutivo local a adecuarse a la Ley 27.610 y a las guías nacionales y provinciales vigentes.
La resolución hace lugar a la presentación impulsada por Amnistía Internacional, que había reunido testimonios de mujeres, personas gestantes y profesionales de la salud que daban cuenta de demoras, presiones y prácticas consideradas violatorias de derechos. Entre ellas, se mencionó la “entrega de escarpines” y la difusión de información falaz sobre los supuestos peligros del aborto, acciones que referentes feministas calificaron como una forma de “tortura psicológica”.
Agostina Felice, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y referente de la regional Conurbano Norte, sostuvo que el protocolo municipal implicaba un intento deliberado de incumplir la ley nacional. Recordó que, desde la sanción de la Ley 27.610 en 2021, el aborto voluntario dentro de los plazos legales es una prestación de salud pública que el Estado debe garantizar sin obstrucciones ni dilaciones.
Según la cautelar, el Municipio de San Isidro debe asegurar el acceso a la práctica dentro de los plazos establecidos por la norma y resguardar estrictamente la confidencialidad y la intimidad de quienes la soliciten. La jueza María Paula Vénere remarcó que la interrupción del embarazo es una prestación extremadamente sensible al paso del tiempo y que cualquier demora burocrática puede vaciar de contenido el derecho reconocido por la ley.
Obstáculos, derechos y responsabilidad estatal
La magistrada consideró probado que el protocolo local incorporaba requisitos no previstos por la legislación, como intervenciones psicológicas adicionales, restricciones por la causal salud y circuitos administrativos complejos que, en los hechos, operaban como barreras para el acceso efectivo al aborto legal. Tales exigencias, advirtió, pueden configurar una forma de violencia institucional u obstétrica.
Felice señaló que ningún municipio puede, mediante reglamentaciones internas, reducir el alcance de un derecho consagrado por ley. Explicó que los protocolos solo pueden ampliar las garantías y mejorar la atención, pero no introducir filtros que busquen disuadir a las personas gestantes o forzarlas a reconsiderar su decisión. “Las mujeres y personas gestantes deciden si maternar o abortar; no los médicos, no los voluntarios ni el gobierno municipal”, afirmó.
- La cautelar obliga al Municipio de San Isidro a alinearse con la Ley 27.610 y las guías nacionales y bonaerenses.
- Se señalaron prácticas como la entrega de escarpines y la difusión de información falsa sobre el aborto.
- Las organizaciones denunciaron presiones sobre equipos de salud y afectaciones a la confidencialidad de pacientes.
- La jueza advirtió que la organización del sistema de salud puede generar responsabilidad estatal cuando obstaculiza el acceso.
“Es una excelente oportunidad para que el municipio deje de lado sus posiciones partidarias o religiosas y cumpla con las necesidades y derechos de la comunidad”, sostuvo Felice, al valorar el alcance de la medida judicial.
La demanda de Amnistía Internacional fue presentada en junio, luego de recopilar testimonios entre 2024 y 2026 sobre obstáculos al acceso a la IVE e ILE en el distrito. Desde las organizaciones destacaron que el fallo representa un precedente relevante para otros municipios que pretendan imponer restricciones contrarias a la legislación vigente. En paralelo, advirtieron que sin financiamiento suficiente para la salud pública, la plena implementación de la ley seguirá siendo un desafío en todo el país.
