La empresa no logró acordar con acreedores ni atraer inversores para su rescate.
El Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, a cargo del juez Fernando D’Alessandro, decretó la quiebra de la cadena de electrodomésticos Garbarino luego de un proceso judicial que se extendió por más de cuatro años. La resolución implica el cierre definitivo de la empresa tras fracasar los intentos de reestructuración de su millonaria deuda.
La decisión judicial marca el cese inmediato de las actividades y el inicio del proceso de liquidación de activos. El magistrado fundamentó la medida en la falta de condiciones para sostener el concurso preventivo que la compañía mantenía abierto desde noviembre de 2021.
Al no alcanzar las adhesiones necesarias de los acreedores y ante el fracaso del mecanismo de cramdown (salvataje), la Justicia avanzó con la instancia de quiebra y mantuvo la inhibición general de bienes sobre la sociedad.
Liquidación de activos y marcas con valor comercial
Tras la sentencia, la sindicatura deberá inventariar los bienes que aún conserva la empresa para avanzar con su liquidación. Aunque el patrimonio se encuentra reducido, todavía existen activos que mantienen valor dentro del mercado.
Entre ellos se destacan los activos intangibles, como las marcas Garbarino y Compumundo, que continúan teniendo un alto nivel de reconocimiento. Ese factor podría atraer inversores interesados en relanzar los nombres comerciales bajo nuevas estructuras operativas o plataformas digitales.
En el plano industrial, la Justicia también pondrá a disposición las unidades productivas del grupo ubicadas en Tierra del Fuego. Se trata de las plantas Tecnosur y Digital Fueguina, que en el pasado fueron centros de ensamblado de productos electrónicos y actualmente permanecen paralizadas.
La ubicación geográfica de estas instalaciones y la infraestructura tecnológica que poseen convierten su liquidación en uno de los puntos más complejos del proceso judicial.
El holding y otras unidades de negocios
La quiebra también alcanza a otras unidades que integraban el holding empresarial. El proceso judicial absorberá los restos de la financiera Fiden y los activos vinculados a la unidad de turismo Garbarino Viajes, cuya quiebra ya había sido declarada a mediados del año pasado.
El objetivo del juzgado es consolidar todos los recursos disponibles para conformar la masa de fondos que posteriormente será distribuida entre los acreedores, quienes esperan el cobro de sus acreencias desde 2021.
El fracaso del intento de salvataje
La declaración de quiebra se concretó tras agotarse los recursos legales previstos en la Ley de Concursos y Quiebras. El mecanismo de cramdown, que representaba la última instancia para transferir la administración de la cadena a terceros, finalizó sin resultados positivos.
La firma Vlinder se había inscripto en el registro oficial para evaluar la compra de las acciones y presentar un plan de pagos. Sin embargo, el plazo de cinco días otorgado por el tribunal en agosto venció sin que se presentara una propuesta concreta de reestructuración.
La falta de avances también arrastró a Compumundo, el brazo informático del grupo, al mismo escenario de liquidación. En 2021 la compañía había intentado vender el 51% del paquete accionario mediante una subasta pública con un precio base de 58 millones de pesos, pero en ese momento no se registraron oferentes.
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Una crisis que se prolongó durante años
La caída de Garbarino se produjo tras una crisis que se extendió durante más de seis años y que incluyó cambios de propietarios y una fuerte reducción de su estructura comercial.
En su momento de mayor expansión la cadena llegó a tener cerca de 200 sucursales en todo el país y alrededor de 4.500 empleados. En la etapa final de su actividad apenas permanecían abiertos tres locales.
En noviembre de 2021, antes de la apertura del concurso preventivo, la empresa envió 1.800 telegramas de despido a sus trabajadores luego de meses con locales cerrados y sin pago de salarios. Ante los reclamos de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria por quince días para suspender los despidos mientras se buscaba una solución.
Meses antes, la compañía había pasado a manos de Carlos Rosales, titular del grupo asegurador Prof y dirigente de San Lorenzo en ese momento. El empresario no logró revertir la crisis financiera de la cadena y el impacto de la pandemia de COVID-19 aceleró los planes de reducción de la estructura comercial.
La situación también se agravó tras el fracaso de una negociación de venta en abril de 2021. La única oferta concreta, encabezada por Facundo Prado, presidente de Supercanal Arlink y CEO de Centrocard, se cayó antes de concretarse.
