La fiscal Mónica Cuñarro ordenó las primeras medidas para determinar qué ocurrió con los fondos invertidos en distintos proyectos audiovisuales de Orsai. La investigación todavía debe definir si los hechos denunciados pueden constituir una estafa, una administración fraudulenta o un conflicto contractual.

La causa iniciada contra Hernán Casciari y Orsai Audiovisuales comenzó a sumar medidas concretas. La fiscal Mónica Cuñarro citó a declarar a 24 inversores y pidió a la Inspección General de Justicia el legajo societario de la firma para reconstruir su estructura y analizar el funcionamiento de los proyectos cuestionados.
Las audiencias comenzarán el 26 de octubre y se extenderán hasta el 17 de noviembre. Los testimonios estarán divididos según las distintas producciones en las que participaron los denunciantes, entre ellas La muerte de un comediante, Canelones, La Uruguaya, Sola en el Paraíso, Emi en off y DAM.
El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°34, a cargo de Laura Bruniard, que delegó la investigación en Cuñarro. Por el momento, la fiscalía trabaja sobre medidas preliminares y todavía no definió el encuadre penal de los hechos ni formuló imputaciones.
Qué denuncian los inversores
El planteo judicial sostiene que particulares aportaron dinero para financiar producciones audiovisuales impulsadas por Casciari y luego recibieron retornos muy inferiores a los esperados. Algunos desembolsos alcanzaron varios miles de dólares.
La acusación cuestiona además la falta de presupuestos detallados, las rendiciones económicas incompletas y los cambios en los costos sin explicaciones suficientes. También señala presuntos movimientos de fondos entre diferentes proyectos y demoras en la entrega de información a quienes habían comprado participaciones.
Los denunciantes contabilizan unas 23.640 participaciones distribuidas entre distintas producciones. Esa cifra no representa igual cantidad de personas, ya que algunos inversores compraron bonos en más de un proyecto.
La fiscal deberá definir qué delito investigar
El punto central de esta etapa será establecer si las situaciones denunciadas tienen relevancia penal. Cuñarro deberá determinar si existen elementos para investigar una posible estafa, una administración fraudulenta o si se trata de incumplimientos propios de una relación contractual y de inversiones que no alcanzaron los resultados esperados.
Casciari rechazó públicamente haber montado una estafa, un fraude o un esquema Ponzi. Sí admitió errores en la gestión de algunos proyectos y atribuyó parte de los malos resultados a desempeños comerciales desfavorables.
Por ahora, las figuras públicas que participaron de las producciones o ayudaron a promocionarlas no fueron convocadas por la Justicia. Las primeras medidas estarán concentradas en la documentación societaria y en las declaraciones de quienes aseguran haber sufrido un perjuicio económico.

