La Provincia frena la aplicación del nuevo régimen para menores
NewsITe
La Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso la suspensión preventiva, por un plazo de 60 días, de la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio bonaerense. La medida busca determinar si el sistema cuenta con la infraestructura, el personal y los recursos suficientes para aplicar los cambios sin vulnerar derechos de niñas, niños y adolescentes.
La resolución fue firmada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, en el marco de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La organización actuó en representación de adolescentes privados de su libertad y de aquellos que podrían verse alcanzados por el nuevo esquema penal.
El fallo se conoce a solo dos días de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, norma que introdujo cambios de fondo en el sistema penal juvenil al reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. A partir de esta modificación, adolescentes de 14 y 15 años pueden quedar sometidos a procesos judiciales por determinados delitos previstos en el Código Penal, lo que implicaría un incremento de la población adolescente dentro del sistema penal.
Preocupación por el impacto de la baja en la edad de imputabilidad
Para la magistrada, la ampliación del universo de jóvenes alcanzados por el régimen penal podría traducirse en un ingreso masivo de adolescentes a centros de detención y en procesos más prolongados, con el riesgo de que algunas personas permanezcan privadas de su libertad durante más tiempo. En ese escenario, Pascual remarcó la necesidad de revisar si el Estado provincial está en condiciones reales de garantizar estándares mínimos de atención y resguardo.
La jueza destacó que no se trata solo de la capacidad edilicia de los establecimientos, sino también de la presencia de equipos interdisciplinarios, dispositivos educativos y acompañamiento psicosocial, todos elementos clave para que las medidas judiciales respeten la normativa nacional e internacional en materia de derechos de la niñez y la adolescencia.
Infraestructura, recursos y principio precautorio
Uno de los ejes centrales de la resolución es el diagnóstico sobre la falta de infraestructura y recursos específicos en el sistema penal juvenil bonaerense. El pronunciamiento señala que actualmente no existen plazas, condiciones edilicias ni recursos materiales suficientes para absorber un aumento significativo de adolescentes en conflicto con la ley penal.
En paralelo, la magistrada analizó si la Provincia dispone de equipos técnicos, personal capacitado y dispositivos institucionales adecuados para acompañar los procesos judiciales bajo el nuevo régimen. Según el fallo, la ausencia de estas garantías podría derivar en condiciones de detención inadecuadas y en la vulneración de derechos básicos.
Una medida preventiva que no deroga la ley
La decisión de Pascual se apoya en el principio precautorio, una herramienta jurídica que habilita al Poder Judicial a intervenir de manera anticipada cuando existen indicios de que podrían lesionarse derechos fundamentales. Bajo esa lógica, la suspensión por 60 días no implica dejar sin efecto la Ley 27.801, sino abrir una instancia de revisión urgente sobre la capacidad real del sistema.
- Evaluar si la infraestructura disponible puede alojar más jóvenes sin hacinamiento.
- Comprobar la existencia de equipos técnicos y programas de acompañamiento.
- Revisar si se cumplen los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño.
- Definir ajustes normativos o administrativos necesarios para la implementación.
La medida cautelar apunta a evitar que la aplicación acelerada del nuevo régimen derive en situaciones de sobrepoblación, deterioro de las condiciones de detención o afectación del acceso a la educación y la salud de adolescentes bajo custodia estatal.
Durante el plazo de suspensión, se espera que distintos organismos de la provincia de Buenos Aires aporten información y propuestas para adecuar el sistema. El debate sobre el alcance y la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil vuelve así al centro de la agenda pública, cruzado por la tensión entre las demandas de mayor punitividad y la obligación estatal de garantizar derechos y condiciones dignas a la población adolescente.
