El juez Ariel Lijo autorizó nuevas diligencias para reconstruir los ingresos y bienes del presidente de la AFA. La investigación alcanzará transferencias del exterior, depósitos del Sindicato de Camioneros, movimientos de la propia entidad futbolística y las cuentas de Paola Moyano, exesposa del dirigente.
La causa que analiza la evolución patrimonial de Claudio “Chiqui” Tapia ingresó en una nueva etapa después de que el juez federal Ariel Lijo ordenara producir una serie de pruebas que habían sido solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita. La investigación buscará determinar el origen y la justificación de distintos ingresos recibidos por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino durante los últimos años.
Entre las medidas más relevantes aparece el envío de un exhorto a Suiza para obtener información directamente de la FIFA. El organismo internacional deberá explicar tres transferencias realizadas a cuentas de Tapia entre diciembre de 2018 y marzo de 2020, que en conjunto alcanzaron aproximadamente los US$190.000.
Los movimientos fueron por US$49.585,53, US$124.583,56 y US$15.408,09. La Justicia quiere conocer bajo qué concepto se realizaron esos pagos y si correspondieron a honorarios, viáticos, dietas o alguna función específica que Tapia hubiera desempeñado dentro de la estructura del fútbol internacional.
De acuerdo con información publicada por TN, el requerimiento no se limita a esas tres operaciones. El juzgado también pretende que la FIFA detalle todos los pagos efectuados al dirigente desde 2016 y especifique qué cargo, representación o tarea justificó cada desembolso.
Camioneros deberá explicar 37 depósitos realizados durante tres años
Otro de los ejes de la investigación se concentra en una cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia. Entre enero de 2016 y enero de 2019, el Sindicato de Choferes de Camiones realizó allí 37 acreditaciones que sumaron $1.494.678,79.
El juez pidió ahora que el gremio explique por qué realizó esos depósitos y qué vínculo laboral o contractual mantenía con el dirigente. También reclamó el legajo correspondiente, los recibos de haberes, las funciones que habría desarrollado y cualquier otra liquidación que permita identificar el motivo de los pagos.
La medida apunta a reconstruir de manera más precisa las distintas fuentes de ingresos que tuvo Tapia durante el período investigado. La fiscalía pretende comparar esos movimientos con la información declarada ante organismos públicos y con los restantes registros bancarios incorporados al expediente.
La Asociación del Fútbol Argentino también deberá aportar documentación. Lijo pidió información sobre tarjetas corporativas utilizadas por Tapia, los límites de consumo disponibles, quién autorizó su emisión y de qué manera se rindieron los gastos realizados con esos instrumentos.
Además, la Justicia quiere aclarar cinco transferencias que la AFA efectuó hacia cuentas del dirigente entre 2020 y 2023 por un total de $1.476.000. A ese conjunto de movimientos se agregan $30 millones en viáticos que Tapia declaró haber recibido y cuyo origen también será contrastado con la documentación contable de la entidad.
Cuentas, vehículos e inversiones también quedaron bajo análisis
La investigación se amplió hacia otros componentes del patrimonio del presidente de la AFA. Distintos bancos deberán informar si Tapia registró cuentas, tarjetas, cajas de seguridad, operaciones cambiarias o vínculos con billeteras digitales, mientras que también se solicitaron datos sobre dos cuentas comitentes y sus respectivos movimientos.
El Registro de la Propiedad Automotor recibió un pedido para identificar vehículos sobre los que el dirigente tuvo autorización para operar desde 2016. La Justicia también reclamó los antecedentes documentales de cuatro unidades, entre ellas un BMW X4 comprado en junio de 2020.
A la Ciudad de Buenos Aires se le solicitó información para completar las declaraciones juradas que Tapia presentó entre 2016 y 2022. El objetivo es incorporar también los anexos reservados y comparar esos registros con los datos fiscales, financieros y patrimoniales que surjan de las nuevas medidas.
El expediente incluye además requerimientos a la CEAMSE, organismo al que Tapia está vinculado desde 2014 y que preside desde 2024. El juzgado pidió determinar si existen registros laborales correspondientes a marzo y diciembre de 2006 que puedan aportar información adicional sobre su trayectoria de ingresos.
Paola Moyano quedó alcanzada por el levantamiento de los secretos financieros
La resolución de Lijo también extendió la investigación sobre Paola Moyano, exesposa de Tapia. El magistrado dispuso levantar sus secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero para analizar su situación patrimonial y los movimientos vinculados con cuentas, inversiones, transferencias y otros activos.
Según consignó TN, la medida se apoya en antecedentes incorporados al expediente que muestran a Moyano como firmante de dos cuentas de Tapia y cotitular de una caja de seguridad. La fiscalía había considerado necesario profundizar ese análisis debido a que parte del patrimonio investigado podría tener carácter ganancial.
ARCA deberá remitir información sobre declaraciones juradas, bienes, deudas, facturación y eventuales activos en el exterior. También se solicitarán registros a entidades bancarias, a la Caja de Valores y a COELSA para reconstruir operaciones financieras y movimientos efectuados mediante billeteras digitales.
El organismo recaudador tendrá además que informar si Tapia o Moyano adhirieron a los regímenes de regularización de activos o de Bienes Personales establecidos por la ley 27.743 y, en caso afirmativo, detallar qué bienes, monedas o valores declararon.
La causa comenzó a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien puso bajo sospecha un crecimiento patrimonial cercano al 1000% entre 2017 y 2024. La Justicia intenta establecer ahora si esa evolución encuentra respaldo en los ingresos declarados por Tapia y en la documentación bancaria, societaria y fiscal disponible.
Las medidas ordenadas por Lijo no determinan por sí mismas la existencia de una maniobra ilícita. Su objetivo es reunir información suficiente para comparar ingresos, bienes y movimientos financieros y establecer si existen diferencias patrimoniales que requieran una explicación dentro del expediente.
