El Ministerio de Justicia de la Nación autorizó difusión de recompensa para quien aporte datos sobre Jonathan Somephikhay. El hombre, de 29 años y ascendencia asiática, está prófugo desde que la Justicia nicoleña ordenara su captura en diciembre pasado. Había sido condenado por el TOC N° 2 a 8 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante agravado en perjuicio de una víctima de corta edad.

De la redacción de EL NORTE
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El Ministerio de Justicia de la Nación y el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 autorizaron recompensa y ordenaron su difusión pública para dar con un sujeto buscado desde diciembre pasado. El ofrecimiento es para cualquier persona que tenga y pueda aportar información que permita la captura de Jonathan Somephikhay Norasing. El hombre, de 29 años, nacido en San Nicolás pero de ascendencia asiática, se encuentra en calidad de prófugo desde que la Justicia ordenara su detención a fines del año pasado. Pesa sobre él una orden de captura internacional tras ser condenado a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo. El juicio en su contra se realizó en los primeros días de diciembre. Fue hallado culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado en perjuicio de una menor de corta edad. La defensa del acusado recurrió la condena ante la Cámara de Casación, pero, al fugarse, la Fiscalía de ese estamento judicial pidió que la sentencia quede firme.
Cualquier persona que tenga datos puede informarlo al Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Nicolás, a la UFI N.º 2 a cargo de la fiscal Franca Padulo, a la DDI o al abogado del particular damnificado, Dr. Agustín Tanús, al número 3364249009. La información es confidencial y la recompensa se gestiona ante el Comando Unificado Federal Recaptura de Evadidos (Cufre), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.
Somephikhay llegó al juicio en libertad y, tras el pedido efectuado por el particular damnificado y convalidado por la Fiscalía, el juez ordenó su detención. Cuando las fuerzas policiales llegaron a su domicilio para apresarlo, ya no estaba. Desde entonces se encuentra en calidad de prófugo con pedido de captura internacional. Desde la familia de la víctima, a través del abogado Agustín Tanús, pidieron informes a migraciones para asegurarse de que Somephikhay Norasing no haya salido del país previo a que se emitiera la orden de captura.
Los hechos habían comenzado a debatirse el 2 de diciembre pasado en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 ante el juez Anselmo González luego de que la magistrada María Elena Baquedano, en una decisión poco frecuente, rechazara un acuerdo de juicio abreviado y recaratulara la causa cuya figura inicial era por abuso sexual simple agravado por la convivencia. Fiscalía y defensa habían acordado un trámite abreviado y una pena de 3 años de ejecución condicional. Ante la oposición del particular damnificado, la jueza recalificó el hecho y rechazó el acuerdo, tras lo cual se inhibió de seguir actuando y se designó en su lugar al magistrado González.
Los hechos
Los hechos juzgados en debate oral ocurrieron entre los años 2017 y 2022. La causa se inició tras la denuncia presentada por la madre de la víctima y daba cuenta de los abusos sexuales reiterados, extendidos en el tiempo, padecidos por su hija desde los 10 hasta los 15 años, momento en que la menor logró romper el silencio.
La UFI N.º 2 a cargo de la fiscal Franca Padulo le imputó al acusado el delito de abuso sexual simple agravado por la convivencia con un menor de 18 años, cuya pena en expectativa oscila entre 3 y 10 años de prisión, por lo que en principio era excarcelable. El abogado Agustín Tanús, representante del particular damnificado, había cuestionado ante la Fiscalía y el Juzgado de Garantías la acusación, pidiendo que la causa sea recaratulada como abuso sexual gravemente ultrajante agravado, cuestionamiento que en un primer momento había sido rechazado.
La causa había sido elevada a juicio y ya en la audiencia de ofrecimiento de prueba la Fiscalía, junto con el imputado y el abogado defensor, presentaron un acuerdo de procedimiento abreviado, por lo que el acusado reconocía los hechos y pactaron una pena de tres años de ejecución condicional. En este caso, la magistrada María Elena Baquedano, ante el pedido del representante de la familia de la víctima, decidió cambiar la calificación legal y rechazar el acuerdo. Por lo tanto, el imputado fue juzgado en debate oral y público en orden a los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado que prevé una pena no excarcelable de entre 8 y 20 años de prisión. De esta manera, un proceso que iba a terminar en una condena leve se revirtió exclusivamente por el aporte de prueba y pedidos de la víctima.
Conforme a la acusación, el sujeto ahora condenado habría comenzado a abusar sexualmente de manera reiterada de la víctima desde que tenía 10 años. Cuando la menor pudo relatar los padecimientos a su madre, esta realizó la denuncia de manera inmediata. El imputado nunca estuvo detenido, llegó al juicio en libertad y, luego de la condena, el representante legal de la familia de la víctima pidió que el hombre fuese puesto tras las rejas. La solicitud fue convalidada por la Fiscalía y finalmente el magistrado Anselmo González ordenó su inmediata detención, lo que no pudo concretarse porque al arribo de las fuerzas policiales el imputado se había fugado y se encuentra prófugo desde entonces.

