El juez federal Sebastián Ramos elevó ante las autoridades de Washington una solicitud formal para que el exmandatario venezolano sea trasladado a la Argentina, a fin de someterlo a declaración indagatoria en una causa por graves violaciones a los derechos humanos.
El juez federal Sebastián Ramos solicitó la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad. El líder chavista se encuentra detenido en Estados Unidos, donde está acusado de narcoterrorismo.
A comienzos de este año, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió el inicio de los trámites de extradición para que Maduro declare ante la Justicia argentina. La decisión respondió a una presentación realizada por los abogados del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación de Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD), ambos querellantes en una causa abierta por delitos de lesa humanidad contra el mandatario venezolano en el país.
En su escrito, Stornelli sostuvo que, al encontrarse Maduro bajo arresto en territorio estadounidense, se abre una vía fáctica para hacer efectiva la orden de captura internacional que la Justicia argentina ya había emitido en septiembre de 2024. Bajo esa premisa, solicitó que se active “el procedimiento de extradición activa respecto de Nicolás Maduro Moros, a los fines de que sea sometido al presente proceso”.
La resolución judicial dispone la detención y la declaración indagatoria del líder chavista y libra un “exhorto internacional” a Estados Unidos para solicitar su extradición, “quien habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América, de conformidad con el Tratado de Extradición suscripto entre la República Argentina y este último país, firmado en Buenos Aires el 10 de junio de 1997, a los fines de someter a proceso al nombrado y cumplir con lo dispuesto en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación”.
El artículo citado establece: “Cuando hubiere motivo suficiente para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito, el juez procederá a interrogarla; si estuviere detenida, inmediatamente, o a más tardar en el término de veinticuatro (24) horas desde su detención. Este término podrá prorrogarse por otro tanto cuando el magistrado no hubiere podido recibir la declaración, o cuando lo pidiere el imputado para designar defensor”.
En 2024, la Cámara Federal porteña ordenó la reapertura de la investigación y solicitó al juez Ramos que activara las alertas rojas de Interpol. En cumplimiento de esa decisión, el magistrado reenvió las circulares al organismo internacional. En ese fallo, los camaristas señalaron que “existen en Venezuela situaciones de violaciones a los derechos humanos que configurarían crímenes de lesa humanidad”, lo que habilita la jurisdicción argentina para juzgar estos delitos cuando no existen garantías de justicia en el país de origen.
Con información de “TN”….
