La jueza Laura de Marinis explicó por qué declaró inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en el caso de un adolescente acusado de tentativa de robo. La magistrada aseguró que su resolución se limita a ese expediente y respondió a los cuestionamientos y pedidos de juicio político que recibió tras conocerse su decisión.
La jueza porteña Laura de Marinis defendió el fallo con el que declaró inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en el caso de un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. Sostuvo que someter al joven a un proceso penal resultaba “estigmatizante”. La decisión generó cuestionamientos de la Fiscalía y derivó en pedidos para impulsar un juicio político contra la magistrada.
“Aplicar el sistema penal, la respuesta desde el sistema penal, es regresivo para este adolescente, porque es estigmatizante”. Así lo explicó De Marinis al fundamentar públicamente su postura.
El caso comenzó a partir de una denuncia realizada el 10 de septiembre por un hombre de 47 años, quien acusó al adolescente de haberlo perseguido junto con otros jóvenes con la intención de robarle el teléfono celular. La magistrada remarcó que su resolución corresponde exclusivamente a las circunstancias particulares de ese expediente.
La decisión implicó declarar inconstitucional para ese caso concreto el artículo 1 de la Ley 27.801. Se trata de la normativa que estableció la edad de imputabilidad a partir de los 14 años. La entrada en vigencia de esa norma también obligó al Ministerio Público Fiscal a reorganizar el funcionamiento de las fiscalías nacionales de menores.
“Nos enteramos de su situación por el sistema penal”
De Marinis sostuvo que, al analizar el caso, tuvo en cuenta las condiciones en las que se encontraba el adolescente antes de que interviniera la Justicia. Según explicó, el joven estaba fuera del sistema educativo. Además, atravesaba dificultades para alimentarse y hasta entonces no había recibido la intervención estatal que requería su situación.
“En este contexto, se trata de un chico que no fue conocido por el Estado. Estaba sin educación y sin poder alimentarse; nos enteramos de su situación por el sistema penal y entonces le aplicamos el sistema penal. ¿A usted le parece razonable? Yo expliqué que no es proporcional”, argumentó.
En lugar de continuar con el proceso penal, la magistrada dispuso la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para implementar medidas de acompañamiento familiar, educativo y recreativo.
De Marinis defendió además el criterio de que “someter a proceso penal es lo último que tiene que ocurrir”. Y explicó que existen otras respuestas previstas antes de avanzar hacia medidas de mayor gravedad.
La Fiscalía apeló la decisión
La resolución encontró la oposición del Ministerio Público Fiscal porteño, que apeló el sobreseimiento y solicitó que De Marinis sea apartada del expediente. Entre sus cuestionamientos, la Fiscalía objetó los argumentos utilizados para declarar inconstitucional la aplicación de la nueva legislación.
La jueza, en cambio, insistió en que su decisión no supone un rechazo general al Régimen Penal Juvenil. De hecho, describió la nueva normativa como “una herramienta hermosa para poder armonizarla con la Convención y poder trabajar con los chicos en el día a día”.
Su planteo, según explicó, estuvo dirigido específicamente a determinar si correspondía aplicar la respuesta penal frente a las circunstancias particulares del adolescente involucrado.
La respuesta a los pedidos de juicio político
La controversia trascendió el expediente y derivó en pedidos de juicio político contra De Marinis. La magistrada cuestionó esas iniciativas y sostuvo que las discrepancias con sus decisiones deben resolverse mediante los mecanismos de revisión previstos dentro del Poder Judicial.
“Mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales. Un juicio político es cuando uno no cumple con el desempeño de su función”, afirmó.
De Marinis también rechazó las expresiones que vincularon su resolución con posibles consecuencias de futuros delitos. “Que por el fundamento de mis decisiones me digan que van a iniciar un juicio político debilita las instituciones democráticas. Hablar de un fallo manchado con sangre en este hecho me parece distorsionar lo que yo resolví”, concluyó.
