La Dra. Luciana Díaz Bancalari, titular del Juzgado Correccional Nº3 de San Nicolás, dio lugar a una medida cautelar y dispuso el “cese inmediato de la actividad de la planta de Atanor” hasta tanto otros organismos competentes no determinen que “están dadas las condiciones de seguridad para que esa planta continúe operando”. Desde la empresa anticiparon que apelarán la resolución de la jueza.
De la redacción de EL NORTE
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En el marco de una causa iniciada en 2015 que no guarda vinculación puntual con el incidente registrado ayer en la planta de Atanor (ver página 2), a través de una medida cautelar de carácter provisorio, la jueza Luciana Díaz Bancalari dispuso el “cese inmediato de la actividad” en esa planta productiva de la zona sur de San Nicolás. Es hasta tanto otros organismos competentes no determinen que “están dadas las condiciones de seguridad para que esa planta continúe operando”. Desde la empresa anticiparon que apelarán la resolución de la jueza.
En su fallo de este miércoles, la Dra. Díaz Bancalari, titular del Juzgado Correccional Nº3 de San Nicolás , resuelve “hacer lugar” a una medida cautelar solicitada por la ONG Asociación Civil Protección Ambiental del Río Paraná, iniciadora de la causa. Y, en tal sentido, dispuso “el cese inmediato de la actividad de la planta de Atanor y la prohibición total de salida de camiones con residuos y/o materiales de la planta hasta tanto no se expidan todos los organismos competentes que determinen fehacientemente que se encuentran dadas las condiciones de seguridad para que esa planta continúe operando”.
En este punto, conviene recordar en el marco de la misma causa el 6 de marzo pasado la empresa ya había sido condenada en primera instancia a realizar distintos estudios y mejoras en su planta a fin de resguardar el medio ambiente. En mayo de ese mismo año la decisión quedó confirmada por la Cámara departamental y desde entonces se encuentra pendiente de una decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
La reciente medida cautelar concedida por la jueza Díaz Bancalari fue formulada y notificada a Atanor “bajo apercibimiento de imponer una multa de diez millones de pesos por cada día de incumplimiento”.