La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Argentina entregar toda la información solicitada por los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera.
En un escrito con tono crítico hacia el país, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Argentina entregar toda la información solicitada por los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF, que el país perdió en primera instancia en el proceso llevado a cabo en Estados Unidos. El pedido de la jueza incluye datos sobre la ubicación del oro argentino que está en las reservas del Banco Central (BCRA).
La jueza había declarado en mayo pasado a YPF y al Banco Central como posibles alter ego de la República Argentina y ordenó al país proveer información de los últimos dos años para probar la relación de la petrolera y la entidad monetaria con el Estado.
El pedido llega en medio de las negociaciones entre la Argentina y los demandantes del juicio por la expropiación de YPF, en el que la jueza Preska falló en contra del país y la obligó a pagar una sentencia de US$16.100 millones por indemnización a los fondos Burford Capital y Eton Park. Si bien la defensa argentina apeló el fallo, nunca depositó la garantía mínima que se pedía para evitar embargos.
Por lo tanto, mientras transcurre de manera paralela el proceso para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, los demandantes presionan por cobrar su indemnización y piden a la jueza embargar activos del país.
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Los beneficiarios del fallo del YPF están pidiendo información desde marzo a la Argentina sobre su relación con ciertas entidades manejadas por el Estado; entre ellas, YPF, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Arsat, Enarsa y el Banco Central. La Argentina se opone a entregar cierta información porque dice que no es relevante, mientras que los fondos señalan que eso lo tiene que decidir la jueza.
Si la Argentina quería evitar el embargo de fondos, la jueza Preska había concedido el pedido de garantía de pago que solicitaron los fondos. Equivalía a entregar un tercio de las acciones de YPF y un supuesto crédito a favor con Paraguay por la construcción de la represa de Yacyretá. Ninguna de las opciones era viable para el Estado, ya que para entregar o vender acciones de YPF es necesario tener la aprobación del Congreso.
Con relación a la supuesta deuda que Paraguay tiene con la Argentina, nunca se formalizó más allá de algunas declaraciones políticas del gobierno anterior que decían que el país financió la mayor parte de la construcción de la central hidroeléctrica, 30 años atrás.