La investigación por la criptomoneda $LIBRA ya no estará a cargo de la jueza María Servini y pasó a Martínez de Giorgi

El juez Ariel Lijo declaró la incompetencia de María Servini y remitió la investigación, que se unificará con otro expediente en el que está imputada Karina Milei.

María Romilda Servini de Cubría, abogada y jueza.

El juez federal Ariel Lijo, subrogante en la causa $LIBRA, resolvió este miércoles declarar la incompetencia de la magistrada María Servini y trasladar la investigación al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. La decisión se tomó para unificar el expediente con otra causa similar que ya estaba en manos de ese magistrado.

En su resolución, Lijo argumentó que existe una “mancomunidad probatoria y de personas imputadas” entre ambos expedientes, por lo que consideró necesario que tramiten juntos. A partir de ahora, la investigación quedará bajo la órbita de Martínez de Giorgi y del fiscal federal Eduardo Taiano.

El alcance de la causa

La causa $LIBRA investiga el presunto cobro de coimas y negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público, en relación con la supuesta estafa vinculada a la promoción de la criptomoneda $LIBRA. La denuncia se originó tras la publicación en redes sociales que realizó el presidente Javier Milei en respaldo a ese activo digital.

Entre los imputados se encuentra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que también figura como acusada en el otro expediente que tramita en el juzgado de Martínez de Giorgi.

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Cambios previos en la investigación

El expediente ya había cambiado de manos en abril, cuando pasó del juzgado de Sandra Arroyo Salgado al de María Servini. Ahora, con la decisión de Lijo, será remitido al Juzgado Federal N°8 de Comodoro Py para avanzar en conjunto con las medidas de prueba impulsadas por el fiscal Taiano.

Citación en Diputados

En paralelo, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados confirmó que citará a Karina Milei para que brinde explicaciones sobre la causa. El llamado se fijó para el 23 o el 30 de septiembre, con la posibilidad de extender el plazo hasta la primera semana de octubre.

Si la secretaria general de la Presidencia no se presenta, la comisión buscará tomarle testimonio en la Casa Rosada. Además, los legisladores acordaron crear una subcomisión con acceso al expediente judicial, aunque sin levantar el secreto de sumario.

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