La propuesta fue elevada al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y contempla cambios en tributos nacionales, provinciales y municipales. El objetivo es mejorar la competitividad de las empresas, incentivar las inversiones y proteger el empleo industrial. El plan prevé una implementación gradual durante seis años, con prioridad para las pymes y los sectores más afectados.

La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó formalmente al Gobierno nacional una propuesta de reforma tributaria destinada a reducir la presión impositiva sobre las empresas y aliviar los costos que enfrenta el sector productivo. El planteo, denominado Pacto Fiscal Federal para la Competitividad Industrial, fue entregado al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y busca comprometer a la Nación, las provincias y los municipios en una reducción progresiva de la carga tributaria.
La iniciativa, impulsada por la entidad que preside Martín Rappallini, contempla modificaciones en distintos impuestos que afectan directamente la producción, el financiamiento y la contratación de trabajadores. Entre sus principales objetivos se encuentran mejorar las condiciones de competencia frente a los productos importados, promover nuevas inversiones y favorecer la recuperación del empleo industrial.
Uno de los puntos centrales del documento es la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que pasaría del 35% al 25%. También propone que el 95% de las contribuciones patronales pueda computarse como crédito fiscal del IVA, una medida orientada a disminuir el costo de mantener puestos de trabajo registrados.
En materia financiera, la UIA plantea avanzar gradualmente hacia la eliminación del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, conocido como impuesto al cheque. Para ello, propone ampliar progresivamente su utilización como pago a cuenta del IVA y de Ganancias hasta alcanzar su eliminación definitiva.
El proyecto también pone el foco en los tributos provinciales y municipales. En el caso de Ingresos Brutos, propone acordar una reducción progresiva de las alícuotas aplicadas a la actividad industrial hasta alcanzar su exención. Respecto de las tasas municipales, busca establecer criterios que garanticen que los montos cobrados tengan relación directa con los servicios efectivamente prestados y sean proporcionales a sus costos.
A estas medidas se suman incentivos para la inversión, como la amortización acelerada de bienes de capital, la creación de una Cuenta Única Tributaria que permita compensar saldos fiscales y mecanismos para otorgar mayor previsibilidad y estabilidad impositiva a las empresas.
Un plan gradual, con prioridad para las pymes
La propuesta establece un esquema de implementación de seis años. En una primera etapa, los beneficios estarían dirigidos a las pequeñas y medianas empresas que enfrentan una mayor exposición a la competencia internacional, a las actividades con alta intensidad de empleo y a aquellas que registraron un deterioro significativo de sus niveles de producción.
Posteriormente, el alcance de las medidas se extendería al resto de las empresas industriales. Para la UIA, la coordinación entre los tres niveles del Estado será determinante para evitar que una reducción de impuestos nacionales termine compensándose con mayores cargas en las provincias o los municipios.
El reclamo se produce en un contexto de dificultades para la industria argentina. Según los datos presentados por la entidad, el empleo industrial acumula 22 meses consecutivos de caída. Además, los sectores textil y metalmecánico explican más de la mitad de los puestos de trabajo perdidos desde agosto de 2023.
La preocupación por la situación productiva también fue planteada durante la última reunión de la Junta Directiva de la UIA, donde representantes de distintas ramas industriales expusieron las dificultades que atraviesan sus actividades.
Pese al escenario complejo, la entidad destacó algunos indicadores positivos: las exportaciones industriales alcanzaron un récord en septiembre y las proyecciones para 2026 apuntan a un saldo comercial favorable de unos 30.000 millones de dólares.
La presentación del Pacto Fiscal Federal busca, en definitiva, abrir una instancia de negociación con el Gobierno y las administraciones provinciales y municipales para avanzar en una reforma que reduzca los costos de producir en Argentina. Por el momento, se trata de una propuesta del sector industrial que requiere acuerdos políticos y fiscales para su eventual implementación.

