La Resolución General 3/2026 simplificó procedimientos, habilitó reuniones virtuales, redujo certificaciones obligatorias y avanzó con la digitalización de trámites corporativos. El Gobierno sostiene que busca reducir costos y eliminar trabas burocráticas.
La Inspección General de Justicia (IGJ) oficializó una profunda reforma sobre el funcionamiento de las sociedades comerciales en Argentina. A través de la Resolución General 3/2026, el organismo eliminó requisitos burocráticos, flexibilizó procedimientos administrativos y amplió la digitalización de trámites vinculados a empresas y directorios societarios.
La medida fue presentada por el Gobierno nacional como parte del proceso de desregulación económica impulsado por la administración de Javier Milei. Según se indicó en la propia resolución, el objetivo es remover exigencias que ya no cumplían funciones útiles de control y que generaban costos desproporcionados para las compañías.
Entre los cambios más relevantes aparece la habilitación automática de reuniones societarias virtuales. A partir de ahora, las asambleas y reuniones de directorio podrán realizarse de manera remota sin necesidad de que exista una previsión específica en el estatuto social, salvo que la propia empresa lo prohíba expresamente.
La normativa exige que exista comunicación simultánea entre los participantes y que las reuniones sean grabadas digitalmente durante cinco años. Sin embargo, esa obligación desaparece cuando todos los asistentes firman el acta correspondiente.
Menos certificaciones y más digitalización
Otro de los puntos centrales de la reforma es la eliminación de la certificación notarial obligatoria para aceptar cargos societarios. Desde ahora, la aceptación podrá surgir directamente del acta, mediante firma digital o incluso por verificación del profesional dictaminante.
La resolución también incorporó la posibilidad de constituir domicilios electrónicos para administradores societarios, con el objetivo de agilizar notificaciones y reducir formalidades presenciales.
Según explicó la IGJ, el esquema anterior acumulaba regulaciones y requisitos que dificultaban la operatoria empresarial cotidiana. El organismo señaló que la vieja Resolución General 15/2024 contaba con 424 artículos, incluso más que la propia Ley General de Sociedades.
Una salida para directores “atrapados” en sus cargos
La reforma además creó un mecanismo para resolver situaciones de administradores o directores que quedaban imposibilitados de renunciar porque la sociedad no trataba formalmente sus dimisiones.
Con el nuevo esquema, el administrador podrá intimar a la sociedad para que trate la renuncia en un plazo de cinco días hábiles. Si no obtiene respuesta, podrá acudir directamente a la IGJ y, ante el silencio de la empresa, la renuncia podrá considerarse aceptada tácitamente.
La resolución también flexibilizó el régimen de garantías exigidas para administradores societarios y permitió utilizar distintas modalidades, como seguros de caución, avales o depósitos. Además, redujo controles administrativos cuando la sociedad cuente con síndico interno.
El Gobierno defendió la desregulación
La elaboración de la reforma incluyó un proceso de consulta pública mediante el sistema de Elaboración Participativa de Normas (EPN), en el que participaron cámaras empresariales, universidades y consejos profesionales.
Desde el Gobierno sostienen que las modificaciones apuntan a mejorar el clima de negocios, disminuir costos de cumplimiento y facilitar la actividad privada mediante un esquema más digital y menos burocrático.
