La familia de “Pillín” Bracamonte apeló el decomiso de sus bienes y pidió frenar la medida judicial

Los abogados de los herederos del exjefe de la barra brava de Rosario Central cuestionaron la decisión de la Justicia federal sobre sus propiedades y participaciones empresariales. Sostienen que no existen pruebas suficientes para acreditar el origen ilícito del patrimonio.

Los herederos de Andrés “Pillín” Bracamonte, el exlíder de la barra brava de Rosario Central asesinado en noviembre de 2024, presentaron una apelación contra el decomiso de sus bienes dispuesto por el juez federal Carlos Vera Barros. La defensa busca suspender la medida que alcanza propiedades, vehículos y participaciones en distintas empresas.

Los abogados Carlos Varela y Adrián Martínez presentaron un escrito de 26 páginas ante el Juzgado Federal N.º 3. Allí cuestionaron que se haya ordenado el decomiso sin una condena judicial y sostuvieron que no se acreditó mediante pruebas concretas que el patrimonio de Bracamonte proviniera de actividades ilícitas.

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La resolución judicial comprende una camioneta Ford Ranger, una vivienda ubicada en Álvarez Thomas al 1800 de Rosario y participaciones en seis sociedades comerciales, entre ellas ATE Servicios Integrales SRL, Ser-Eco SRL y B+D Logística SRL.

Los argumentos de la defensa

Los abogados de Bracamonte aseguraron que el exjefe de la barra brava nunca fue citado a declarar por lavado de dinero. También señalaron que la causa pasó por un conflicto entre tribunales. La Corte Suprema resolvió esa disputa recién en diciembre de 2025.

La defensa sostiene que la decisión judicial perjudica a los herederos de Bracamonte. Además, cuestiona que no hayan tenido la oportunidad de defender sus derechos sobre los bienes.

Bracamonte fue asesinado a tiros el 9 de noviembre de 2024, cerca del estadio de Rosario Central. Cuando ocurrió el crimen, la investigación por presunto lavado de dinero todavía tenía cuestiones judiciales pendientes.

Ahora, el juez Carlos Vera Barros deberá analizar el pedido de los abogados. La defensa busca que se anule el decomiso de los bienes o que otro tribunal revise la decisión.

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