Romina Fontana, madre de una joven con discapacidad, denunció el “uso político” del sistema y criticó los atrasos históricos en pagos a prestadores. Asegura que la problemática no es nueva y que la discapacidad se volvió un negocio.
Romina Fontana, madre de una joven con discapacidad, denunció el “uso político” que, según su visión, se le dio a la problemática. Remarcó que las dificultades que enfrenta este colectivo no son nuevas y persisten desde hace décadas.
En su relato, Fontana recordó que las marchas por los derechos de las personas con discapacidad existieron siempre. “Siempre fuimos a las marchas, lo que pasa es que nadie las cubría”, señaló con sorpresa e indignación.
La mujer relató que su hija, de 25 años, sufrió los efectos de la falta de pago a prestadores en 2011, 2013 y 2018. Estos retrasos la obligaron a presentar amparos y perder tiempo en trámites burocráticos, tiempo que debería haber dedicado al cuidado de su hija.
Fontana elogió la Ley Nacional de Discapacidad 20043, de 1981, calificándola de “excelente”. Aseguró que si se cumpliera esa norma, no sería necesaria ninguna otra ley para proteger a quienes tienen discapacidad.
En su testimonio, la madre destacó que la discapacidad se convirtió en “un gran negocio”, frase que escuchó de un transportista de su hija y que, con el tiempo, comprendió como una realidad del sistema.
Además, planteó diferencias entre los reclamos por las prestaciones de los terapistas y los de las instituciones. Cuestionó el monto de algunas prestaciones, mencionando específicamente el caso de su hija, y cómo se administra el dinero destinado a su cuidado.
Fontana explicó que la obra social paga a la institución que asiste a su hija 750.000 pesos mensuales por una jornada de lunes a viernes. Aclaró que ella no considera que esa cifra sea atrasada, aunque sí reconoció problemas históricos de pagos demorados.
Finalmente, denunció que los trámites comenzaban en enero para que los prestadores cobraran recién en septiembre. Lamentó el “manoseo” político de la situación, que perjudica a las familias y a quienes realmente necesitan asistencia diaria.
