En la audiencia, los fiscales formularon las imputaciones contra los nueve acusados del delito de extorsión. Pidieron que queden en prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años. A Micaela Leguizamón, la mujer que se tragó el chip de un teléfono móvil durante un allanamiento realizado en San Nicolás, también se la consideró autora de los delitos de “destrucción e inutilización de objetos de prueba en grado consumado”, resistencia a la autoridad y amenazas. “Estaba rico, eh, ya me lo tragué, ya me lo comí. ¿Venían a buscar eso hijos de puta? Ahora no van a encontrar nada. Pero yo voy a acceder al expediente, voy a averiguar sus datos y van a ver con quién se metieron, la van a pagar…”, les dijo a los uniformados.
De la redacción de EL NORTE
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La causa que se tramita ante la jueza María Trinidad Chiabrera gira sobre un intento de extorsión sufrido por Cristián Q., el propietario de una agencia de loterías con varias sucursales en Rosario. Según la acusación la saga extorsiva, que incluyó una balacera a la casa del empresario y ataques incendiarios a algunos locales de la firma, comenzó el año pasado cuando Ortigala —quien fuera testigo estrella del juicio contra Esteban Lindor Alvarado— y su esposo Rodolfo Felipe encararon a la víctima en un gimnasio al que asistían y le exigieron dinero en nombre de “la mafia”.
De los nueve acusados cuatro ya estaban presos y los otros fueron detenidos la madrugada del lunes 11 de septiembre en el marco de más de 40 allanamientos en Rosario, Funes, Rafaela, San Nicolás y otras localidades, además de la cárcel federal de Marcos Paz. La investigación comenzó a partir de la denuncia del empresario que sostuvo que una banda que actuaba en nombre de Guille Cantero lo estaba extorsionando.
Los fiscales desarrollaron los hechos, exhibieron escuchas y brindaron un detalle de inmuebles que fueron descubriendo durante la investigación a partir de documental hallada en los allanamientos. Esos papeles fueron cotejados con la información recabada en la requisa realizada la semana pasada en una escribanía donde Ortigala suele realizar operaciones inmobiliarias.
Con la exposición de escuchas y de un listado de catorce inmuebles que al parecer pertenecen a Mariana Ortigala y se analiza cómo fueron obtenidos, los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno terminaron de formular sus imputaciones a las ocho personas acusadas junto con Ariel “Guille” Cantero de orquestar una extorsión, finalmente fallida, contra el dueño de la agencia de lotería El Califa. Los fiscales pidieron prisión preventiva por el plazo de ley para todos los imputados menos uno para el que solicitaron 30 días, pero la audiencia continuará este miércoles con la exposición de las defensas y la resolución sobre lo que les espera a los acusados. Es probable que alguno de los imputados tome la palabra.
En la audiencia los fiscales formularon las imputaciones contra los nueve acusados y pidieron que queden en prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años, salvo en el caso de Sarmiento, para quien se pidió 30 días. Todos quedaron imputados del delito de tentativa de extorsión agravada por el uso de arma de fuego. En el caso de Guille Cantero, se lo acusó como coautor en dos casos. También fueron imputados como coautores Brian Díaz, Kevin Moreno, Lorena Mireya Córdoba y Bladimir Navarro.
Como coautores también figuran Ortigala y Felipe, aunque a éstos se les agrega la tenencia ilegal de un arma de fuego de guerra y de un arma de uso civil que fueron incautadas en el allanamiento a su casa de Funes Town. En el caso de Sarmiento, fue acusado como partícipe secundario ya que facilitó un celular para que otras personas realizaran una extorsión.
La Diabla
Micaela Leguizamón, “La Diabla”, fue imputada como partícipe primaria de extorsión y también como autora de los delitos de “destrucción e inutilización de objetos de prueba en grado consumado”, resistencia a la autoridad y amenazas. Se recuerda que esta acusación obedece al incidente ocurrido cuando allanaron la vivienda donde cumplía prisión preventiva en San Nicolás y, ante la mirada de los policías que ejecutaban la medida, logró alcanzar el chip de un celular que había que peritar y se lo tragó. Y luego comenzó a amenazar a los uniformados que requisaban la vivienda: “Estaba rico, eh, ya me lo tragué, ya me lo comí. ¿Venían a buscar eso hijos de puta? Ahora no van a encontrar nada. Pero yo voy a acceder al expediente, voy a averiguar sus datos y van a ver con quién se metieron, la van a pagar…”.
