Luego de que la fiscalía Nº 7 solicitara la elevación a juicio de la causa seguida a los sindicalistas del gremio de camioneros, se conoció que el pasado martes la defensa de 6 de los imputados insistió con el pedido de Recusación de la Fiscal Viviani ante la Cámara de Casación. El primer pedido le había sido adverso.
De la redacción de EL NORTE
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El pasado miércoles ingresó en el Juzgado de Garantías el pedido de elevación a juicio efectuado por la fiscalía respecto de la causa seguida a los dirigentes del Sindicato de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola y a 6 empleados de la firma Rey Distribución por distintos delitos que tienen que ver con la Turbación de la posesión y extorsión en el marco de protestas gremiales contra la empresa sampedrina. Gabriel Rogelio Ruiz, abogado defensor de los empleados de la firma Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torres y Matías Agustín Torres, que se encuentran imputados, insistió el pasado martes con la solicitud de recusación de la fiscal. Esta vez ante el tribunal de Casación penal, luego de que el 23 de febrero pasado se le rechazara un primer pedido.
Respecto de los acusados Cabaleyro y Espíndola, el abogado Mauricio Gugger había presentado pedidos de apartamiento que fueron oportunamente rechazados. En todos los casos se indica falta de imparcialidad por parte de la letrada, lo que fue hasta ahora rechazado en las distintas consideraciones.
El recurso solicitado por Ruiz fue admitido, el pedido fue elevado y está a la espera de una nueva decisión
Fundamentos de la acusación
La fiscalía dio por concluida la investigación e ingresó el pedido de requisitoria a juicio porque considera tener los suficientes elementos como para probar que existieron los delitos de Turbación de la Posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa en calidad de co autores, en dos hechos; Extorsión, también en dos hechos y Extorsión en grado de Tentativa, respecto de Cabaleyro y Espíndola. En cuanto a los empleados Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torres, Matías Agustín Torres el delito del que se los acusa es el de Turbación de la Posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa.
La fiscalía considera acreditado que los propietarios de la empresa eran coaccionados para que efectuaran pagos recurrentes por deudas inexistentes para evitar problemas, que fue presentado como un conflicto en el que se reclamaban montos adeudados por la firma e incluso registrados en actas de la delegación de la Secretaría de Trabajo y que no contaban con una contraparte documental que los acredite. El escrito presentado refiere a que en el allanamiento realizado el 2 de mayo de 2022, en sede central del Sindicato de Choferes de Camiones no se encontró documentación respecto del origen de esa deuda a la que se hace alusión. Además sostiene que de la documentación secuestrada, se deduce que los recibos y panillas han sido fechados y confeccionados a la medida de la necesidad de justificar la tenencia de los cheques recibidos y el dinero efectivo que ingresaba, como así también se deduce que la empresa no contaba con deuda vigente. “Entiendo así que la disposición patrimonial ilegitima se realizó bajo coacción moral”, afirma Viviani entre los fundamentos de la acusación.
El bloqueo
Respecto del bloqueo con el Motorhome del sindicato en las puertas del establecimiento, afirma la acusación que de forma intimidatoria, violenta y amenazante, se colocaron en la entrada y salida de vehículos de la firma, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial ya que los camiones de la firma no podían ingresar ni egresar, turbando con su accionar la posesión del inmueble a sus dueños, ocasionando un grave perjuicio patrimonial a la firma. Aclaró que no encuentra eximentes ni atenuantes y que la pena para Cabaleyro y Espíndola debe ser una pena de prisión de efectivo cumplimiento la que se determinará una vez actualizados los antecedentes. Asimismo entiende que resulta procedente el trámite de juicio abreviado. Por último indica en el escrito de casi 70 páginas que para el resto de los imputados sería justo aplicar una pena de prisión efectiva que se determinará una vez actualizados los antecedentes. Resta ahora que corra el plazo para que la defensa formule sus oposiciones a este pedido y que una vez que se confirme la elevación sea establecida la fecha de juicio.