Reclamo por la prisión domiciliaria del líder de la llamada “secta rusa”
NewsITe
Los abogados defensores del ciudadano ruso Konstantin Rudnev, detenido en la cárcel de Rawson e investigado en Argentina por presunta trata de personas, presentaron un recurso de revisión para que un nuevo tribunal analice su situación. El planteo apunta directamente contra la resolución que revocó la prisión domiciliaria por razones de salud que el juez de Garantías Gustavo Zapata había otorgado el pasado 21 de enero.
El escrito, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, fue firmado por el equipo encabezado por el abogado penalista Carlos Broitman. Allí se sostiene que la decisión de quitarle la domiciliaria agravó de manera concreta las condiciones sanitarias de Rudnev y que, por ese motivo, corresponde un reexamen integral del caso mediante lo que califican como un “remedio autónomo” previsto en el Código Procesal Penal Federal.
La presentación se basa en los artículos 360 y 364 del Código Procesal Penal Federal y enfatiza que toda medida de coerción, incluida la prisión preventiva, es por esencia provisoria, mutable y revisable. Esa exigencia –argumenta la defensa– se vuelve más estricta cuando se encuentra comprometido el derecho a la salud de una persona privada de la libertad.
Los defensores recuerdan que el artículo 364 recoge el principio del “doble conforme”: si el Ministerio Público Fiscal impugna una resolución y el resultado empeora la situación del imputado, éste puede solicitar una nueva revisión ante otro tribunal. En este contexto, sostienen que no sólo es posible, sino obligatorio, que jueces distintos vuelvan a evaluar la cuestión de la prisión domiciliaria.
Argumentos médicos y cuestionamientos al sistema penitenciario
El recurso reconstruye lo ocurrido el 21 de enero, cuando el juez Zapata le otorgó la prisión domiciliaria a Rudnev en los términos del artículo 32, es decir, por razones estrictamente médicas. La defensa asegura que la discusión sobre su estado de salud se apoya en datos “objetivos y actuales”, entre ellos una pérdida de peso superior a 50 kilos que distintos profesionales calificaron como un signo clínico “de extrema gravedad”.
Médicos jefes de servicio del Hospital de Clínicas, citados en el escrito, advirtieron que un cuadro como el de Rudnev requiere internación inmediata para realizar estudios completos y arribar a un diagnóstico certero. Se mencionan sospechas de patologías severas, incluso de origen oncológico, digestivo o pulmonar, para las cuales, remarcan, el tratamiento ambulatorio dentro del sistema penitenciario sería claramente insuficiente.
En esa línea, la defensa pone el foco en el rol de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo cuya intervención fue promovida por el propio Ministerio Público Fiscal. El informe de la DATIP, según se remarca, reconoció un “riesgo aumentado clínicamente significativo” y admitió que la evaluación de salud estaba incompleta por falta de estudios esenciales.
Para los abogados, el elemento clave es que el artículo 32 inciso “A” no exige un riesgo de vida inminente, sino la constatación de que las condiciones de encierro impiden tratar adecuadamente la dolencia o recuperar el estado de salud. En esa lectura, la ausencia de un diagnóstico definitivo no justificaría negar la domiciliaria, sino que sería la evidencia de que el sistema no logró abordar el cuadro en tiempo y forma.
Dudas sobre la atención médica y barreras idiomáticas
Otro eje del planteo es la presunta imposibilidad “estructural y objetiva” de realizar todos los estudios necesarios dentro del circuito actual de atención. El recurso cita un informe del Hospital Santa Teresita de Rawson, donde se habría señalado que varios estudios no podían concretarse por falta de especialidades médicas y de recursos tecnológicos, lo que –según la defensa– contradice la versión de que la atención estaría garantizada mediante traslados locales habituales.
Además, los abogados subrayan que, tras más de seis meses de detención, el Servicio Penitenciario no logró completar los estudios recomendados por los profesionales, a pesar de las reiteradas indicaciones. A su criterio, esa demora demuestra limitaciones materiales para garantizar el control sanitario en la cárcel de Rawson.
La mayor controversia se centra en el argumento fiscal de que Rudnev habría rechazado la atención médica. La defensa cuestiona la validez de las llamadas “actas de negativa”, al sostener que se trata de formularios preimpresos en castellano, firmados en un contexto de “barrera idiomática insalvable”. De acuerdo con el recurso, el propio imputado escribió en ruso su voluntad de ser atendido, pero ese texto no fue traducido ni interpretado por el personal.
Incluso se menciona que un médico de la Unidad 6 habría reconocido que no traduce lo que Rudnev escribe porque no cuenta con los medios para hacerlo. A ello se suma la falta de registros actualizados considerados elementales, como el peso actual al momento de la audiencia, lo que para la defensa exhibe falencias concretas en el seguimiento de su estado de salud.
Pedido de nuevo tribunal y posible llegada a la Corte
Según el recurso, en la última audiencia hubo un punto de coincidencia transversal: todos los médicos que intervinieron, incluso aquellos vinculados a la acusación o al sistema penitenciario, coincidieron en la necesidad de internar a Rudnev para arribar a un diagnóstico certero. Para la defensa, esa convergencia prueba que no se trata de una mera diferencia de criterios, sino de un cuadro complejo que aún no fue adecuadamente abordado.
En sus conclusiones, el escrito sostiene que la decisión que revocó la prisión domiciliaria “banaliza” el derecho a la salud al subordinar cualquier medida a una certeza diagnóstica que el propio sistema no logró producir en meses. Por ello, la defensa pide que se haga lugar al recurso de revisión, se integre un nuevo tribunal y se restituya la prisión domiciliaria que había sido concedida en primera instancia.
En paralelo, los abogados dejaron planteadas reservas para, en caso de un nuevo revés, acudir a la Cámara Federal de Casación Penal y eventualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La estrategia apunta a que instancias superiores fijen criterios sobre el alcance del derecho a la salud en contextos de encierro y sobre la obligación del Estado de garantizar diagnósticos y tratamientos oportunos.
