Organizaciones y profesionales de nuestra ciudad se dirigen al Superintendente de Servicios de Salud, Dr. Daniel Alejandro López, a fin de solicitar que de manera urgente ‘modifique la Resolución 887 a fin de agilizar los pagos de las prestaciones médico-asistenciales a las personas con discapacidad a través del Fondo Solidario de Redistribución y controle que los pagos se realicen de manera inmediata por parte de las obras sociales’.
De la Redacción de EL NORTE
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El miércoles pasado, prestadores de servicios del área de discapacidad comenzaron un paro de actividades en reclamo de una serie de problemáticas salariales y condiciones de pago, que decidieron levantar ayer a la espera de prometidas respuestas oficiales. De todas maneras, la problemática del sector llegó en nuestra ciudad al Concejo Deliberante a través del Comité de Discapacidad de San Nicolás.
Organizaciones y profesionales de nuestra ciudad fueron recibidas en el orden local por el presidente Matías Grams y los concejales Walter Montenegro, Celeste López y Daniel Luchelli. Se dirigen al Superintendente de Servicios de Salud, Dr. Daniel Alejandro López, a fin de solicitar que de manera urgente ‘modifique la Resolución 887 a fin de agilizar los pagos de las prestaciones médico-asistenciales a las personas con discapacidad a través del Fondo Solidario de Redistribución y controle que los pagos se realicen de manera inmediata por parte de las obras sociales’.
La carpa blanca federal se levantó con el compromiso del Gobierno nacional de pago según la Resolución 1346/2023 que permitirá acortar los plazos para la liquidación y la aplicación de un bono del 25 por ciento sobre la facturación de julio, entre otras medidas.
Panorama denunciado
Según lo expuesto en el proyecto de comunicación que se presentará en el HCD la semana próxima, las organizaciones denuncian la falta de pago de las obras sociales que prestan la cobertura de los servicios médico-asistenciales conforme la Ley 24.091 a través del mecanismo “Integración”.
“Se está incumpliendo con la ley y del propio Decreto 904/2016, poniendo en peligro la efectiva prestación a las personas con discapacidad al cortar los pagos de los prestadores. La demora en los pagos por la aplicación de la Resolución 887 de la Superintendencia de Salud tiene un doble impacto negativo: no solo implica el pago tardío o extemporáneo de los servicios, sino que, en un contexto de alta inflación como el que atraviesa la Argentina, significa llanamente una medida de ajuste indirecta.
Debe tenerse presente que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 25 el reconocimiento al más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad, obligando a los Estados a proporcionar los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad”, sostienen.
“Enorme preocupación y angustia”
Las organizaciones y profesionales reconocen que este panorama tiene lugar en un contexto donde el Gobierno nacional se encuentra trabajando sobre modificaciones en la estructura de financiamiento de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
“Todo ello consiste en una sumatoria de acciones que causan enorme preocupación y angustia en el colectivo de personas con discapacidad que temen que dichos cambios impacten negativamente en la salud, educación y bienestar integral de sus familiares, así como en las prestaciones de las organizaciones y profesionales que trabajan con ellas hace años”, exponen.