Un amplio grupo de sindicatos encabezado por Luis Barrionuevo prepara una denuncia contra el ministro de Economía por fondos que considera retenidos por el Gobierno. El reclamo surge en medio de una grave crisis financiera que afecta las prestaciones médicas de millones de afiliados. La iniciativa también profundiza las diferencias dentro de la CGT.
Unos 50 sindicatos, encabezados por el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo, preparan una presentación judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo. Reclamarán la liberación de $688.000 millones que, según denuncian, el Gobierno mantiene retenidos y deberían destinarse al financiamiento de las obras sociales. La medida busca recuperar recursos para un sistema sanitario que enfrenta dificultades crecientes para sostener sus prestaciones.
La denuncia incluirá una acusación por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los abogados de las organizaciones gremiales trabajan en el escrito y prevén presentarlo en las próximas horas. Además, exigirán actualizar los valores que el Estado reconoce por determinados medicamentos y tratamientos, cuyos costos aumentaron considerablemente durante los últimos años.
El conflicto representa una nueva escalada en la relación entre el Gobierno de Javier Milei y el sindicalismo. También expone diferencias dentro de la CGT, cuyos dirigentes mantuvieron tres reuniones con el ministro de Salud, Mario Lugones, sin conseguir acuerdos. Ante la falta de avances, el sector de Barrionuevo decidió avanzar por su cuenta con la vía judicial.
De dónde salen los $688.000 millones que reclaman los sindicatos
El dinero reclamado corresponde a dos fondos vinculados con el financiamiento del sistema de salud sindical. El primero reúne unos $288.000 millones depositados en un plazo fijo del Banco Nación. Estos recursos pertenecen al Fondo Solidario de Redistribución, destinado a financiar reintegros y prestaciones médicas de elevado costo.
Su origen se remonta a una partida extraordinaria de casi $148.000 millones incorporada al Presupuesto Nacional en 2023. La asignación fue impulsada durante la gestión del entonces ministro Sergio Massa, a pedido de la CGT. Parte de ese dinero fue transferida posteriormente, mientras que el saldo restante aumentó por los intereses generados.
Los otros $400.000 millones corresponden al Fondo de Emergencia y Asistencia de los Agentes del Seguro de Salud. Según el reclamo sindical, los recursos se encuentran invertidos en fondos FIMA y provienen principalmente de un acuerdo de pago con OSDE. La deuda original surgió por aportes que la empresa debía ingresar al sistema de redistribución.
Desde el sindicalismo sostienen que esos recursos deberían utilizarse para aliviar la crisis de las obras sociales. Sin embargo, su disponibilidad y el destino que corresponde asignarles forman parte de la controversia con el Ministerio de Economía.
La crisis financiera amenaza la continuidad de las prestaciones médicas
El reclamo judicial se produce mientras las obras sociales enfrentan mayores dificultades para financiar la atención de sus afiliados. La caída del poder adquisitivo de los salarios redujo el valor real de los aportes. Al mismo tiempo, los medicamentos, tratamientos y servicios médicos registraron aumentos que profundizaron el desequilibrio de las cuentas.
Según datos difundidos por la CGT, alrededor del 90% de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución se destina actualmente a prestaciones por discapacidad. Ese concepto representa unos $160.000 millones mensuales y deja un margen reducido para financiar otros tratamientos de alta complejidad. Además, las entidades denuncian que los reintegros estatales resultan insuficientes frente a los costos actuales.
La situación obliga a numerosos sindicatos a utilizar recursos propios para sostener sus obras sociales. Como consecuencia, algunas organizaciones comenzaron a enfrentar dificultades para mantener otros servicios destinados a sus afiliados. La central obrera advierte que el deterioro financiero también provoca demoras en los pagos a prestadores e interrupciones de atención.
Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y actual asesor de la CGT, advirtió sobre las consecuencias del desfinanciamiento. El especialista explicó que la combinación de menores ingresos y mayores gastos médicos compromete el funcionamiento del sistema. Además, señaló que la imposibilidad de cubrir determinadas prestaciones termina multiplicando los reclamos judiciales.
Barrionuevo toma distancia de la CGT y reclama un paro de 36 horas
La decisión de acudir a la Justicia surgió durante una reunión encabezada por Barrionuevo en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza. Participaron dirigentes de su sector y representantes de otras organizaciones, entre ellas la UOM Capital. La iniciativa también cuenta con el respaldo del Sindicato de Comercio, conducido por Armando Cavalieri, cuya obra social OSECAC reúne aproximadamente 1,2 millones de afiliados.
El avance judicial marca una diferencia con la estrategia de la conducción de la CGT. Mientras la central continúa evaluando medidas de protesta, Barrionuevo considera insuficientes las negociaciones mantenidas con el Gobierno. Por eso, también rechazará la propuesta de realizar una huelga parcial de dos o cuatro horas.
En su lugar, el dirigente gastronómico impulsa un paro general de 36 horas acompañado por una movilización. La medida buscaría expresar el rechazo a las políticas económicas del Gobierno y reclamar soluciones para el financiamiento sanitario. Sin embargo, todavía no existe una convocatoria unificada de la CGT para concretar esa protesta.
Por otra parte, el gremio gastronómico anunció una huelga nacional para el 16 de noviembre, con una movilización frente al Ministerio de Capital Humano. Exigirá el reconocimiento administrativo de sus autoridades y la homologación de su último acuerdo salarial.
La presentación judicial por los $688.000 millones abrirá así un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. Su resultado podría incidir sobre el financiamiento de las obras sociales, mientras persisten las dificultades para sostener medicamentos, tratamientos y otras prestaciones esenciales.
