La Justicia de EE.UU. pone un límite a la política penitenciaria de Trump
NewsITe
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un intento del gobierno de Donald Trump de restringir el acceso a tratamientos médicos para personas transgénero alojadas en cárceles federales. La decisión, conocida este miércoles, impide por el momento la aplicación de una normativa que buscaba suspender cirugías, terapias hormonales y otras adaptaciones sociales vinculadas a la disforia de género.
El máximo tribunal desestimó un pedido de urgencia del Departamento de Justicia, que solicitaba habilitar la nueva política mientras se resolvía el litigio de fondo. De haberse aplicado, la normativa hubiera afectado a casi mil reclusos trans bajo custodia de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos, según detallaron los abogados de los demandantes.
La iniciativa formaba parte de una batería de medidas impulsadas por Trump para revertir avances en materia de derechos de las personas transgénero. En este caso, el foco estaba puesto en el sistema penitenciario federal, donde desde 1992 se viene suministrando tratamiento hormonal a quienes cuentan con diagnóstico de disforia de género.
Qué pretendía la política impulsada por Trump
La disputa judicial se originó en una demanda presentada por una mujer trans y dos hombres trans encarcelados en prisiones federales. La presentación cuestionó una orden ejecutiva de Trump que prohibía el uso de fondos federales para financiar procedimientos médicos de afirmación de género en reclusos transgénero.
En línea con esa orden, la Oficina de Prisiones emitió en febrero una nueva política que prohibía brindar cirugías o terapia hormonal para tratar la disforia de género. Aquellos internos que ya estaban bajo tratamiento hormonal serían sometidos a un plan de reducción gradual, con el objetivo de llegar a la suspensión total de la medicación en el mediano plazo.
La normativa también cancelaba las denominadas “adaptaciones sociales”, entre ellas el acceso a rellenos para el pecho, fajas compresoras, pelucas y maquillaje. Estas medidas suelen ser recomendadas por especialistas como parte de un abordaje integral de la disforia de género y de la salud mental de las personas trans.
Argumentos en juego y alcance del fallo
En un memorando interno, la Oficina de Prisiones sostuvo que el cambio buscaba “alinearse con la información científica más reciente” y garantizar un tratamiento acorde a las particularidades del contexto carcelario, incluyendo supuestas preocupaciones de seguridad institucional. La administración Trump defendió la nueva política bajo el argumento de que era necesaria para mantener el orden y los recursos dentro de las prisiones federales.
Sin embargo, organizaciones de derechos civiles y representantes legales de los reclusos replicaron que se trataba de una medida regresiva y discriminatoria. Recordaron que la jurisprudencia estadounidense reconoce que las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir atención médica adecuada, y que la disforia de género es considerada una condición de salud que requiere tratamiento médico específico.
Dos de los jueces conservadores de la Corte Suprema, Samuel Alito y Clarence Thomas, se manifestaron a favor de permitir que la política de Trump entrara en vigor, lo que reflejó la división interna del tribunal en este tipo de discusiones. Pese a ello, la mayoría se inclinó por mantener la vigencia de la decisión del tribunal inferior que había bloqueado la normativa.
Derechos humanos y situación de las personas trans en prisión
Tras conocerse el fallo, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) celebró la resolución como un hito para la protección de las personas trans encarceladas. Li Nowlin-Sohl, abogada de la organización y representante de los reclusos demandantes, advirtió que impedir el acceso a la atención médica de afirmación de género vulnera derechos constitucionales básicos.
“Negar la atención médica necesaria, incluyendo la atención médica de afirmación de género, a las personas encarceladas constituye una violación de sus derechos constitucionales fundamentales. Seguiremos defendiendo los derechos de nuestros clientes y de todas las personas privadas de libertad”, señaló Nowlin-Sohl.
El caso se enmarca en un debate más amplio sobre el acceso a la salud y las condiciones de detención de colectivos vulnerables dentro del sistema penitenciario estadounidense. Diversos organismos internacionales y expertos en derechos humanos coinciden en que la falta de tratamientos adecuados para personas trans aumenta los riesgos de violencia, aislamiento y problemas graves de salud mental.
Aunque la decisión de la Corte Suprema no resuelve de manera definitiva el fondo de la discusión, sí representa un freno significativo al intento del gobierno de Trump de recortar derechos ya reconocidos. En los próximos meses, los tribunales inferiores continuarán analizando la legalidad de la política cuestionada, en un contexto de fuerte polarización política y social en Estados Unidos respecto de los derechos de la población LGBTIQ+.
