La Corte unifica criterios para evaluar prisiones domiciliarias por salud

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó un nuevo protocolo médico para evaluar los pedidos de prisión domiciliaria presentados por detenidos del Servicio Penitenciario Federal por razones de salud. La medida busca unificar criterios técnicos y científicos y brindar a los jueces herramientas más precisas al momento de decidir si corresponde o no que un interno continúe cumpliendo su condena en su domicilio.
El protocolo fue formalizado mediante la Resolución 2867/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. El documento, elaborado por el Cuerpo Médico Forense, se denomina “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”.
La iniciativa se enmarca en la Acordada 21/2026, del 21 de agosto de este año, en la que el máximo tribunal ordenó la confección de un instrumento específico para estandarizar la tarea de los peritos médicos y mejorar la calidad de la información disponible al momento de resolver una prisión domiciliaria por motivos de salud. Si bien no sustituye otros informes, funcionará como una guía de referencia para magistrados y tribunales federales.
Desde el ámbito judicial explican que el nuevo esquema no implica que una pericia médica sea determinante por sí sola, pero sí que deberá ajustarse a parámetros objetivos y verificables. La Corte remarcó que el protocolo sirve como orientación para decidir sobre la procedencia de la detención domiciliaria, “sin perjuicio de los demás informes y condiciones que los jueces como directores del proceso consideren requerir y evaluar”.
Cómo se aplicará el nuevo protocolo médico
El documento aprobado por la Corte establece que su aplicación se circunscribe a personas mayores de 18 años, procesadas o condenadas, alojadas en establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal. Es decir, se trata de una herramienta pensada para el ámbito federal, sin perjuicio de que pueda ser tomada como referencia por las jurisdicciones provinciales.
La evaluación se organizará sobre dos ejes complementarios: por un lado, el examen del estado de salud de la persona detenida; por otro, la verificación de las condiciones concretas de detención y de la capacidad real del establecimiento penitenciario para garantizar los tratamientos indicados para la patología que presente el interno.
- Las autoridades penitenciarias deberán aportar información médica documentada y actualizada sobre el preso y los tratamientos que recibe.
- Se fija un sistema de cinco categorías para unificar las conclusiones de las evaluaciones médicas y facilitar la comparación de casos.
- Se establecen mecanismos de relevamiento de los servicios de salud en las unidades federales y la actualización periódica de los criterios técnicos.
Además, el protocolo detalla los exámenes clínicos y estudios complementarios que deben realizarse para constatar de manera efectiva la patología alegada, así como los recursos materiales, profesionales y de infraestructura con que cuenta cada establecimiento para sostener el tratamiento. De este modo, se busca evitar decisiones basadas únicamente en informes genéricos o incompletos.
“Este abordaje sistemático permitirá estandarizar la tarea propia de los auxiliares de la justicia especializados en ciencias médicas y aportará un análisis particularizado de cada caso en función de las prestaciones e infraestructura disponibles”, se indicó en la resolución del máximo tribunal.
Con esta decisión, la Corte procura dotar de mayor transparencia y previsibilidad a un tipo de resoluciones que suelen generar debate público, al tiempo que refuerza la obligación del Estado de garantizar tanto el cumplimiento de las penas como el acceso adecuado a la salud de las personas privadas de libertad.

