La oposición busca capitalizar el fallo de la Corte
NewsITe
El reciente fallo de la Corte Suprema que convalidó la derogación de la Ley de Tierras encendió una fuerte reacción política y abrió un nuevo frente de conflicto para el Gobierno nacional. Lejos de cerrar la discusión, la decisión del máximo tribunal habilitó un escenario en el que el oficialismo podría enfrentar en Diputados un intento opositor por derribar el DNU 70/23 en su conjunto.
En la Cámara baja, referentes de Unión por la Patria (UxP) y otros bloques opositores analizan la posibilidad de convocar a una sesión especial alrededor del 14 o 15 de octubre para avanzar contra el megadecreto de desregulación firmado por el presidente Javier Milei en los primeros días de su mandato. Aunque reconocen que el actual equilibrio de fuerzas es menos favorable que en 2024 y 2025, evalúan que el impacto social del fallo sobre tierras puede movilizar voluntades y poner en aprietos al oficialismo.
Al mismo tiempo, distintos sectores opositores trabajan en una vía alternativa: impulsar una ley específica que deje sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23 y restituya la vigencia de la Ley de Tierras. En el Senado, el interbloque peronista ya presentó un proyecto en ese sentido, y en Diputados se exploran acuerdos con bloques “dialoguistas” que no están dispuestos a voltear el decreto completo, pero sí aceptar una revisión puntual sobre las restricciones a la extranjerización de tierras.
Presión en las calles y jugadas en el Congreso
El debate excede el plano parlamentario. Desde UxP y el Frente de Izquierda buscan reeditar la presión social que en 2017 obligó a revertir el fallo del 2×1 a favor de represores de la última dictadura. Para el próximo martes ya se convocó a una marcha a los Tribunales en repudio a la decisión de la Corte, con la participación de organizaciones ligadas al peronismo, la izquierda y las dos CTA.
Dirigentes como Myriam Bregman reclaman que el Congreso sesione y “se vea quién es quién” frente al DNU 70/23, mientras que la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, insiste en que la Cámara baja debe acompañar el rechazo ya expresado por el Senado. A la par, el diputado Juan Marino se prepara para encabezar un pedido de juicio político contra los tres ministros de la Corte que avalaron la derogación de la Ley de Tierras.
Otro actor clave en este tablero es Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Provincias Unidas, quien propuso incorporar el restablecimiento de la Ley de Tierras dentro de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que también abarca la cuestión Malvinas. Su planteo apunta a poner en evidencia la contradicción entre defender la soberanía en el discurso y permitir una extranjerización irrestricta de tierras en la práctica.
El oficialismo entre la defensa del DNU y el costo político
En el oficialismo admiten que el fallo de la Corte los tomó por sorpresa. Aunque la resolución judicial respalda la derogación de la Ley de Tierras, en el entorno libertario temen que el tema se convierta en el detonante de una ofensiva opositora más amplia contra todo el DNU 70/23. Por eso, en el Congreso se analiza reintroducir en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada algún tipo de restricción mínima a la compra de tierras por parte de extranjeros, en un intento de descomprimir el conflicto sin ceder en los ejes centrales del programa de desregulación.
- Estrategia opositora para derogar el artículo 154 o el DNU completo.
- Movilizaciones y presión social para revertir la decisión de la Corte.
- Oficialismo en búsqueda de un equilibrio entre su agenda liberalizadora y el costo político de la extranjerización de tierras.
La Ley de Tierras, derogada por el DNU 70/23, limitaba al 15% la venta de tierras rurales a extranjeros a nivel nacional, provincial y local, y fijaba un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, restricciones que hoy quedaron sin efecto y reavivaron el debate sobre soberanía y modelo de desarrollo.
Mientras se multiplican las iniciativas legislativas y las convocatorias a movilizarse, el Gobierno intenta sostener el relato de defensa de la soberanía nacional al tiempo que apoya un fallo que habilita la extranjerización sin límites del territorio. El desenlace de esta pulseada, que combina calle, tribunales y Congreso, será clave para el futuro del DNU 70/23 y para la política de tierras en la Argentina.
