La madre reclamó por el acceso pleno a la educación inclusiva de su hija
NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al planteo de una madre entrerriana que acudió a la vía judicial para garantizar el derecho de su hija, menor de edad y con discapacidad, a recibir una educación verdaderamente inclusiva en la provincia de Entre Ríos.
El máximo tribunal dejó sin efecto un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado una acción de amparo presentada por la mujer al considerar que existía un trámite administrativo en curso ante el Consejo General de Educación provincial. Para la Corte, esa respuesta fue insuficiente frente a la urgencia y la naturaleza de los derechos comprometidos.
La causa se originó cuando la madre reclamó la implementación de un Proyecto Pedagógico Individual (PPI) que garantizara una trayectoria escolar completa, adaptada a las necesidades de la adolescente. En primera instancia, un juez había hecho lugar al amparo y ordenado al Consejo General de Educación elaborar, en un plazo de veinte días, el plan educativo específico para la inclusión de la alumna.
Sin embargo, el Estado provincial apeló y el Superior Tribunal entrerriano dejó sin efecto esa resolución. Los magistrados locales entendieron que, al existir un procedimiento ya iniciado por la Departamental de Escuelas, la vía adecuada era continuar con esa instancia administrativa, y no sostener el amparo.
Exceso de formalismo y derecho a la tutela judicial efectiva
Al revisar el caso, la Corte Suprema concluyó que el fallo provincial incurrió en un “exceso ritual manifiesto”. En otras palabras, el máximo tribunal consideró que los jueces priorizaron los formalismos procesales por encima de la protección concreta de derechos fundamentales, como el acceso a una educación inclusiva y la tutela judicial efectiva.
Para los supremos, los magistrados entrerrianos tenían el deber de actuar con premura y proporcionar una respuesta acorde con la urgencia que supone el derecho a la educación de una menor con discapacidad. Mantener el conflicto encorsetado en un trámite administrativo, señalaron, implica desatender el mandato constitucional y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de derechos de las personas con discapacidad.
El voto de Lorenzetti y el alcance del fallo
En su voto concurrente, el ministro Ricardo Lorenzetti subrayó que el derecho a la educación de las personas con discapacidad no puede limitarse a enunciados generales ni quedar reducido a una mera declaración de principios. Destacó que los tribunales deben garantizar que esos derechos se materialicen en políticas y acciones concretas dentro del sistema educativo.
- El derecho a la educación inclusiva exige medidas específicas, como proyectos pedagógicos individualizados.
- Los jueces deben evitar interpretaciones que, bajo apariencia de formalidad, frustren la efectividad de los derechos.
- La confianza en las instituciones se ve afectada cuando no se brinda una respuesta oportuna ante reclamos urgentes.
“Una interpretación que frustre la aplicación efectiva de un derecho fundamental afecta la confianza en las instituciones”, advirtió Lorenzetti en su voto.
Con esta decisión, la Corte Suprema ordenó al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dictar un nuevo pronunciamiento, ajustado a los estándares de tutela judicial efectiva y al enfoque de educación inclusiva previsto en la Constitución y en los tratados internacionales. El caso se convierte en una referencia relevante para futuras discusiones sobre los derechos educativos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todo el país.
