La Corte Suprema de Justicia rechazó, en un fallo del 20 de abril, el pedido de la Representante Especial de Argentina sobre Orientación Sexual e Identidad de Género Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y activista trans, Alba Rueda, de rectificar la identidad de género en sus registros de bautismo y confirmación emitidos por el Arzobispado de Salta.
El pedido, mediante el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 17.032 (que reconoce desde el Estado a la Iglesia católica como autoridad de culto y espiritual), había llegado a la Justicia tras el rechazo de la Iglesia salteña de adecuarse a la Ley de Identidad de Género. La Corte confirmó lo apelado y respondió amparándose en el principio de neutralidad religiosa del Estado que figura en la Constitución. En esta línea, considera que la práctica religiosa es un hecho de índole privada y que esos registros solo se rigen por las leyes canónicas.
Luego de esto, Rueda decidió interponer un recurso extraordinario federal. Concluye que la sentencia desconoció el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional al otorgar al ordenamiento canónico mayor jerarquía que a las normas constitucionales”.
“SENTENCIA VIOLENTA”
“No estoy sola. Hay miles de personas LGBT en América Latina que somos personas católicas en la institución y en la Corte Suprema nos hemos presentado más de 40 organizaciones de Argentina y América Latina solicitando una audiencia pública para poder contar y expresar nuestra posición como personas LGTB dentro de las instituciones católicas. Eso lo ha silenciado la Corte Suprema. El procedimiento ha desconocido nuestro pedido de audiencia y ha generado una sentencia violenta, que vulnera nuestros derechos más fundamentales como el derecho a la identidad y a la libertad religiosa, y además, nos niega el carácter discriminatorio de la institución. Es un fallo que ratifica la heterosexualidad compulsiva, el heterosexismo y el cisbinarismo dentro de las instituciones católicas. La dimensión de daño que ha generado la Corte es enorme y me obliga a denunciar a nuestro país en las instancias internacionales para poder pedir justicia y reconocimiento de mi identidad de género en el ejercicio de mi libertad religiosa”, dijo Rueda a la agencia Presentes.
ROL HISTÓRICO
En 2019, tras el pedido de Rueda, la respuesta del obispo de Salta fue que el derecho canónico es ajeno a “ficciones jurídicas”. Entonces la activista presentó su denuncia en el Juzgado N° 58 de Salta. Desde allí se rechazó el pedido. En noviembre de 2019 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil también rechazó la solicitud.
Rueda nació en Salta y de chica se instaló en Buenos Aires con su familia. Militó la Ley de Identidad de Género y el matrimonio igualitario junto con históricas como Lohana Berkins y Diana Sacayán. Fue la presidenta y una de las fundadoras de Mujeres Trans Argentina, organización que continúa integrando.
Desde que asumió como representante Especial, cargo que solo tienen cinco países del mundo, entre ellos Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Alemania, el rol de Alba Rueda recorre el mundo. En 2022 la revista Time la incluyó en una lista entre las 100 líderes emergentes del futuro. Y en el 2021 la BBC en una de las 100 personas más influyentes del mundo.
