La Corte cerró la causa por la extensión del “fallo Badaro” a todos los jubilados y recordó que el cargo está vacante desde 2009.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a exhortar al Congreso para que designe al Defensor del Pueblo y sancione una ley que regule los procesos colectivos. La decisión se dio al cerrar la causa que buscaba extender el alcance del “fallo Badaro” a todos los jubilados.
Los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz remarcaron que el expediente estuvo condicionado por la falta de un Defensor del Pueblo que pudiera adecuar la demanda a los requisitos fijados por la Corte. También señalaron que la Ley de Reparación Histórica y los juicios individuales modificaron el escenario del reclamo.
Una vacancia de más de 15 años
En la misma línea, Ricardo Lorenzetti advirtió que “la extensa demora en la resolución de esta causa se debió, fundamentalmente, a la prolongada acefalía en el cargo de Defensor del Pueblo”. Además, recordó que ese organismo no tenía legitimación para representar patrimonialmente a los jubilados.
El caso se originó en 2007, cuando Eduardo Mondino, entonces Defensor del Pueblo, presentó una acción para que el criterio de movilidad salarial fijado por la Corte a favor de Adolfo Badaro se aplicara a todos los jubilados. La Cámara de la Seguridad Social rechazó la demanda al considerar que se trataba de derechos individuales.
Exhorto reiterado al Congreso
La Corte volvió a recordar que desde hace más de 15 años reclama sin éxito la sanción de una ley de procesos colectivos. En su fallo citó antecedentes como “Halabi” de 2009 y enfatizó que la falta de regulación afecta la resolución de causas con impacto masivo.
Con esta decisión, el máximo tribunal cerró la acción colectiva y volvió a poner en evidencia la necesidad de que el Congreso cubra la vacancia del Defensor del Pueblo, cargo esencial para la representación de derechos de incidencia colectiva.
