La Corte Suprema confirmó la pena contra Marcelo Romano
NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra el ex senador provincial de Mendoza Marcelo Romano, sentenciado por intentar frenar un control de alcoholemia realizado a su hija en 2019. El fallo, que rechaza por inadmisible el recurso presentado por la defensa, consolida una pena de diez meses de prisión en suspenso y una inhabilitación especial de veinte meses para ejercer cargos públicos.
El episodio que derivó en esta resolución judicial se produjo el 11 de agosto de 2019, cuando personal policial detuvo el vehículo conducido por la hija de Romano en un control sobre una ruta mendocina, luego de un llamado al 911 que advertía sobre una conducción peligrosa. En ese contexto, los efectivos se disponían a realizar el test de alcoholemia correspondiente.
Según surge de la sentencia, el entonces legislador llegó al lugar a bordo de una camioneta, se identificó como senador provincial y lanzó amenazas hacia los policías. Además, ordenó a su hija retirarse del lugar, lo que impidió que los agentes pudieran completar el procedimiento de control de alcohol en sangre, configurando así el delito de atentado a la autoridad agravado por su condición de funcionario público.
El caso fue juzgado inicialmente por el Juzgado Penal Colegiado N° 1 de Mendoza, que dictó la condena en primera instancia. La defensa de Romano sostuvo luego, en diversas apelaciones, que existieron errores en la valoración de la prueba, que no había un protocolo debidamente aplicado en el operativo y que la causa debía considerarse prescripta. Ninguno de esos planteos prosperó en las instancias superiores.
Fundamentos del fallo y alcance institucional
Con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario presentado por la defensa, dejando firme la condena dictada en Mendoza. La decisión se encuadra en una línea jurisprudencial que refuerza la obligación de los funcionarios de someterse a los controles de seguridad vial y respetar la labor de las fuerzas de seguridad.
Fuentes judiciales señalaron que el fallo tiene relevancia institucional porque subraya que el uso de la investidura pública para interferir en procedimientos policiales constituye una conducta incompatible con la función y pasible de sanción penal. En particular, el tribunal remarcó que la condición de senador no habilita a impedir controles ni a ejercer presiones sobre agentes que actúan en cumplimiento de sus deberes.
- El hecho ocurrió durante un control vehicular motivado por un llamado al 911.
- La condena incluye prisión condicional e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
- La defensa había alegado errores probatorios y prescripción, argumentos rechazados.
- La Corte reafirma la vigencia de los controles de alcoholemia y la autoridad policial.
El fallo consolida la idea de que ningún funcionario está por encima de la ley ni puede obstaculizar los controles destinados a preservar la seguridad vial.
Con esta resolución, el máximo tribunal cierra la vía de apelación para Romano y ratifica una advertencia clara a la dirigencia política: las presiones sobre las fuerzas de seguridad en el marco de operativos de control no sólo son inadmisibles desde el punto de vista institucional, sino también punibles penalmente.
