La Corte frenó una declaración general de insalubridad
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un artículo de la Ley 4438 de la provincia de Misiones, que calificaba como insalubre a toda la industria productora de pasta celulosa, papel y cartón en ese distrito. El fallo responde a una demanda promovida por la firma Papel Misionero SAIFC, que había cuestionado el alcance general de la norma y su impacto sobre los costos laborales y previsionales del sector.
La ley provincial, sancionada en 2008, establecía que la totalidad de la actividad debía ser considerada insalubre. Ello implicaba, entre otras consecuencias, la reducción de la jornada laboral a seis horas diarias y un régimen previsional diferenciado para los trabajadores, sin distinguir entre tareas, sectores o espacios concretos dentro de las plantas industriales.
El Superior Tribunal de Justicia de Misiones había rechazado en su momento el planteo de inconstitucionalidad de la empresa, al entender que la norma era compatible con la legislación nacional en materia de trabajo insalubre. Frente a esa decisión, Papel Misionero recurrió en queja ante la Corte Suprema, que ahora revocó el criterio del tribunal provincial.
Los fundamentos del fallo del máximo tribunal
En su voto, el ministro Horacio Rosatti subrayó que el régimen de trabajo insalubre, vigente en la normativa nacional desde 1929, tiene carácter excepcional y se orienta a proteger a quienes efectivamente se encuentran expuestos a riesgos para su salud. En ese marco, consideró que la declaración automática de insalubridad de toda la industria papelera misionera no respetaba ese criterio de excepcionalidad.
Rosatti remarcó que el artículo 1° de la Ley 4438 declaraba insalubre la actividad en forma genérica, sin identificar las tareas, sectores o lugares de trabajo que, por sus características, implicaran un peligro concreto para la salud de las personas empleadas. Esa generalización, sostuvo, chocaba incluso con el propio artículo 3° de la norma, que ordena a la autoridad de aplicación realizar inspecciones detalladas y dictar resoluciones fundadas para calificar los espacios insalubres.
Para el juez, si la simple calificación general ya generaba efectos como la reducción de la jornada laboral y un régimen previsional especial, resultaba difícil justificar un procedimiento administrativo posterior destinado a precisar qué áreas eran realmente insalubres. Además, las inspecciones previstas en el artículo 3° daban por sentado que podía haber sectores no alcanzados por la insalubridad, lo que entraba en contradicción con la declaración genérica inicial.
Competencias provinciales y protección de la salud
Los ministros Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz adhirieron a los argumentos y conclusiones del dictamen fiscal, que sostuvo que la provincia de Misiones carecía de competencia para realizar una declaración tan amplia y automática sobre la insalubridad de toda una industria, ya que esa materia se encuentra regulada por la legislación nacional. Según esa postura, la ley provincial avanzó sobre un ámbito que excede sus facultades.
Pese a declarar la inconstitucionalidad del artículo 1°, la Corte Suprema mantuvo vigente el acto administrativo que había impuesto una sanción a Papel Misionero por las áreas de su planta que sí fueron detectadas como insalubres, tras una inspección técnica. De acuerdo con el expediente, especialistas de la Universidad Nacional de Misiones registraron niveles de ruido superiores a 85 decibeles y presencia de sulfuro de hidrógeno, factores que pueden provocar convulsiones, trastornos respiratorios y queratoconjuntivitis en los trabajadores expuestos.
“El régimen de trabajo insalubre reviste carácter excepcional y debe aplicarse cuando existan riesgos concretos para la salud de los trabajadores”, enfatizó el juez Horacio Rosatti en su voto.
El fallo del máximo tribunal marca un límite a las provincias a la hora de establecer regulaciones generales sobre condiciones de trabajo y refuerza la necesidad de que las declaraciones de insalubridad se basen en evaluaciones técnicas y específicas. Al mismo tiempo, ratifica la vigencia de controles y sanciones cuando se verifican efectivamente condiciones riesgosas en los establecimientos industriales.
