La Ciudad avanza hacia un esquema de ayuda atado al empleo formal
NewsITe
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó el final de los planes sociales vigentes en el distrito y los reemplazará por un nuevo programa orientado a la capacitación y a la inserción en el empleo formal. La medida fue dispuesta mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y apunta a abandonar el esquema asistencialista para priorizar la formación y el trabajo registrado.
Según datos a los que accedió Noticias Argentinas, la iniciativa alcanzará a unas 5.000 personas que actualmente reciben asistencia, y prevé un período de transición de hasta un año antes del cierre definitivo del sistema anterior. En ese proceso de revisión, la administración porteña detectó y dio de baja a 1.274 beneficiarios considerados irregulares. El esquema implicaba alrededor de $10.000 millones anuales y estaba sostenido por 85 convenios que serán desactivados.
Desde la Ciudad señalan que se busca dejar atrás dos décadas de políticas enfocadas en el sostenimiento de planes y en la intermediación de organizaciones sociales. El discurso oficial pone el acento en la “dignidad” a través del empleo y en la idea de que la ayuda estatal sea directa, temporal y condicional al esfuerzo personal.
Fin de los intermediarios y criterios de acceso más estrictos
Uno de los ejes centrales del nuevo esquema es la eliminación de intermediarios en la distribución de la ayuda. Los pagos se harán de manera directa a los beneficiarios, lo que, de acuerdo con la administración de Jorge Macri, permitirá mejorar los controles y la transparencia del sistema. A su vez, se fijarán criterios más claros de permanencia en el programa, entre ellos requisitos de residencia en la Ciudad, evaluación de la situación socioeconómica y verificación del nivel de ingresos.
El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, Gabriel Mraida, enmarcó la medida en un cambio de paradigma en la política social local. Recordó que el gobierno ya había avanzado en la reforma del sistema de comedores comunitarios mediante una aplicación que registra a cada persona por su DNI y permite contabilizar las raciones entregadas. En ese proceso, según se informó, se detectaron más de 5.000 raciones irregulares y beneficiarios que figuraban como fallecidos o que poseían bienes y jubilaciones incompatibles con la ayuda. A partir de esas auditorías, unos 40 comedores fueron cerrados.
Los cuatro pilares del nuevo programa de capacitación y empleo
El nuevo dispositivo social se estructura sobre cuatro pilares que combinan formación, límite temporal y articulación con el sector privado. La participación en instancias de capacitación será obligatoria: quienes estén incluidos deberán completar trayectos educativos, terminar estudios pendientes cuando corresponda y cumplir con estándares mínimos de desempeño. El incumplimiento de esas condiciones implicará la pérdida del beneficio.
- Formación obligatoria: los participantes deberán asistir a cursos de capacitación laboral y educativa como requisito para sostener el apoyo económico.
- Plazo máximo de 12 meses: el programa funcionará como un puente de hasta un año hacia la inserción laboral y el cierre de la dependencia del Estado.
- Vínculo con el sector privado: la Ciudad firmó acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas y universidades para ofrecer prácticas formativas en rubros como servicios, salud, hotelería y mantenimiento, con el objetivo de facilitar la empleabilidad.
- Criterios de elegibilidad definidos: se establecerán requisitos explícitos de residencia, situación social y nivel de ingresos para garantizar que la ayuda llegue a quienes se encuentren en mayor situación de vulnerabilidad.
“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Con este paquete de medidas, la gestión porteña busca consolidar un modelo de política social basado en la capacitación, la inserción laboral y la asistencia focalizada. El objetivo declarado es que los beneficiarios puedan proyectar un camino de autonomía económica, dejando atrás la dependencia permanente de planes y la mediación de organizaciones sociales.
