La central obrera confirmó que participará de la movilización convocada para el jueves frente al Congreso, cuando el Senado debatirá el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen de tierras rurales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que participará de la movilización convocada para el jueves 6 de agosto frente al Congreso nacional en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa que el oficialismo buscará aprobar y que, entre otros puntos, modifica el régimen vigente sobre la venta de tierras rurales a extranjeros.
Según fuentes sindicales, la CGT se sumará a las dos CTA, a los movimientos sociales de la UTEP, a organizaciones de izquierda y a agrupaciones de autoconvocados que impulsan la protesta.
La movilización coincidirá con la sesión en la que el oficialismo intentará avanzar con el tratamiento del proyecto elaborado por el ministro Federico Sturzenegger. El debate fue postergado en cuatro oportunidades y fue la senadora Patricia Bullrich quien convocó a un cuarto intermedio de la Cámara alta para el próximo 6 de agosto al considerar que no estaban garantizados los apoyos necesarios.
En ese contexto, una alta fuente de la CGT confirmó la participación de la central obrera y sostuvo: “Vamos a acompañar”. La decisión se enmarca en la agenda de acciones que el triunvirato de la central sindical impulsa para el segundo semestre del año.
La movilización se desarrollará bajo la consigna “Argentina no se vende”
La marcha será la continuidad de una semana de actividades impulsadas por la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda bajo la consigna “Argentina no se vende”.
Las organizaciones convocantes realizaron talleres, radios abiertas, banderazos, recolección de firmas y distintas actividades en diferentes puntos del país para expresar su rechazo al proyecto.
El oficialismo buscará aprobar un proyecto de 48 artículos que modifica cinco leyes. Entre sus principales cambios, la iniciativa endurece el régimen de expropiaciones, acelera los procesos de desalojo mediante el juicio sumarísimo y deroga parte de la Ley de Manejo del Fuego que impedía modificar durante 30 años el uso de tierras incendiadas.
El capítulo que concentra la mayor oposición modifica la Ley de Tierras Rurales N.º 26.737, sancionada en 2011, que actualmente limita al 15% la superficie rural en manos extranjeras, establece restricciones por nacionalidad, fija un tope de mil hectáreas en las zonas más fértiles y prohíbe la adquisición de inmuebles con cuerpos de agua permanentes.
Según el proyecto, el Gobierno dejaría en manos de cada provincia la potestad de establecer límites para la compra de tierras por parte de extranjeros y mantendría únicamente la prohibición para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera adquieran esos inmuebles.
En relación con la iniciativa, Patricia Bullrich sostuvo: “Un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierras, pero “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera”.
Mientras continúa la discusión legislativa, la atención permanece puesta sobre la votación prevista para el jueves y sobre la posición que adoptarán los senadores al momento de tratar el proyecto.
