La central obrera cuestiona la “modernización” del trabajo
NewsITe
La Confederación General del Trabajo (CGT) llevó a la Justicia un pedido formal para que se declare la inconstitucionalidad de la nueva ley de reforma laboral, a la que define como una “afectación grave de derechos colectivos e individuales”. La central obrera sostiene que la denominada “modernización” del régimen de trabajo viola artículos de la Constitución Nacional y principios centrales del derecho laboral argentino.
En un extenso escrito presentado ante los Tribunales, la CGT fundamentó su reclamo en la presunta vulneración del artículo 14 bis de la Constitución, que reconoce, entre otros, el derecho a la protección contra el despido arbitrario, a la huelga, a la negociación colectiva, a la libre agremiación, a la libertad sindical y a la seguridad social. Según el contenido del documento, esos derechos se verían debilitados por el nuevo marco normativo.
La organización gremial también invocó normas internacionales con jerarquía constitucional, como convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica. Para la CGT, la reforma desconoce principios básicos del derecho del trabajo reconocidos por esos tratados incorporados al ordenamiento jurídico argentino.
Principios laborales que la CGT considera vulnerados
Entre los ejes centrales del planteo judicial aparece el llamado “principio de progresividad” o de no regresión. Este criterio impide, según la doctrina laboral, adoptar medidas injustificadas que impliquen un retroceso en los derechos adquiridos por los trabajadores. Para la central, la reforma supone una marcha atrás en la protección legal alcanzada en las últimas décadas.
La presentación también alude al “principio protectorio”, que parte de la desigualdad estructural entre empleador y trabajador y busca equilibrar esa relación mediante normas que resguarden a la parte más débil. Desde la perspectiva de la CGT, la nueva ley inclina aún más la balanza a favor de las empresas y reduce las herramientas de defensa de los asalariados.
- Posibilidad de establecer jornadas de hasta 12 horas diarias.
- Fin o fuerte limitación del pago de horas extras.
- Reducción efectiva del salario mediante cambios en la jornada.
- Eliminación o atenuación de sanciones a empleadores que no cumplan con aportes.
- Pago de indemnizaciones en cuotas, a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
- Riesgo de desfinanciamiento del sistema de Seguridad Social.
Según la CGT, el mecanismo previsto para las indemnizaciones implica que los despidos se costearán con aportes de los propios trabajadores, en lugar de ser una obligación directa de los empleadores. Esta ingeniería financiera, advierten, trasladaría el costo del ajuste al sector asalariado y pondría presión adicional sobre los recursos de la Seguridad Social.
Contexto económico y llamado a resistir la reforma
En el tramo final del escrito, la central sindical enmarca su rechazo a la reforma en la situación económica y social del país. Asegura que, durante los primeros dos años de la actual gestión de gobierno, se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formales y aumentó la desocupación, con un impacto directo sobre el tejido productivo nacional.
El documento menciona el cierre sostenido de empresas, en particular pequeñas y medianas industrias y comercios, así como una marcada pérdida del poder adquisitivo de los salarios. A ello se suman, siempre según la CGT, caídas en la inversión, la actividad económica, el consumo interno, el turismo y la recaudación fiscal, un combo que configura un escenario de fuerte recesión.
“La CGT, coherente con su compromiso doctrinario, asume su responsabilidad histórica resistiendo y rechazando por todos los medios a su alcance esta reforma regresiva y perniciosa”, sostiene el comunicado difundido por la central obrera.
Con este planteo, la CGT busca que la Justicia ponga un freno a la reforma laboral antes de su plena aplicación. El expediente podría convertirse en uno de los principales frentes judiciales del Gobierno en materia económica y abre un nuevo capítulo en la disputa entre la Casa Rosada y el sindicalismo sobre el rumbo del mercado de trabajo en la Argentina.
