La Justicia federal asume el expediente por Generación Zoe
NewsITe
La investigación por presuntas estafas y asociación ilícita vinculadas a Generación Zoe en la provincia de Córdoba dio un giro decisivo: la Cámara en lo Criminal de Villa María resolvió declinar su competencia y remitió la causa al fuero federal, al considerar que el caso trasciende el ámbito local.
De este expediente forma parte Leonardo Cositorto, señalado como líder de la organización y ya condenado en las provincias de Corrientes y Salta por maniobras defraudatorias. La decisión de la Cámara se apoya en un criterio fijado en febrero de este año por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que marcó que las causas relacionadas con Generación Zoe tienen un alcance nacional e incluso internacional, tanto por el número de víctimas como por el entramado de operaciones y participantes.
Fuentes judiciales consultadas precisaron que, en función de ese fallo del máximo tribunal, la investigación cordobesa por estafas y asociación ilícita debía ser absorbida por la Justicia Federal. De este modo, se unifica el abordaje de un caso que ya generó múltiples expedientes en distintos puntos del país y que involucra importantes sumas de dinero, plataformas de inversión, programas de coaching y una red de captación de ahorristas.
Los acusados en libertad y las dilaciones en el expediente
Actualmente, todos los imputados en Córdoba se encuentran en libertad. La razón es que se superó el plazo de tres años de prisión preventiva sin que la causa fuera elevada a juicio, lo que obligó a revisar la situación procesal de los involucrados. En al menos dos oportunidades, la fiscal de Instrucción Juliana Companys solicitó la apertura del debate oral, pero los pedidos fueron rechazados por el tribunal por considerar que subsistían inconsistencias en la investigación.
Desde el entorno de la pesquisa no descartan nuevos movimientos a partir del pase al fuero federal. “Sospecho que puede haber más movimientos y que no va a quedar allí esta causa”, señalaron voceros vinculados al expediente, aludiendo a la posibilidad de nuevas imputaciones, reapertura de medidas de prueba o acumulación con otros procesos en marcha.
Qué fue Generación Zoe y cómo actuaba
Córdoba fue la primera jurisdicción del país en avanzar contra Generación Zoe, presentada ante el público como un conglomerado que combinaba propuestas educativas, cursos de coaching y negocios financieros de alta rentabilidad. Detrás de esa fachada, sin embargo, la Justicia determinó que se trataba de un esquema de estafa piramidal que dependía del ingreso permanente de nuevos inversores para sostener las ganancias prometidas.
La causa iniciada en la provincia permitió, entre otras cosas, la detención de Cositorto en República Dominicana y su posterior extradición a la Argentina. A partir de allí se desencadenaron investigaciones en varias provincias, con víctimas que denunciaron haber perdido ahorros, indemnizaciones e incluso la venta de bienes personales para sumarse a las supuestas inversiones.
Condenas previas y proyección del caso
- En febrero de 2025, el Tribunal de Goya, Corrientes, condenó a Leonardo Cositorto a 12 años de prisión por asociación ilícita y estafas reiteradas.
- En junio del mismo año, la Justicia de Salta le impuso una nueva pena de 11 años de cárcel por 118 hechos de estafa.
Estas sentencias consolidaron la figura de Cositorto como jefe de una estructura destinada a defraudar a miles de personas en el país y en el exterior. El pase al fuero federal de la causa radicada en Córdoba podría permitir una mirada más integral sobre el circuito de dinero, las ramificaciones internacionales y la eventual responsabilidad de otros partícipes aún no juzgados.
Con la intervención de la Justicia Federal, el caso Generación Zoe ingresa en una nueva etapa, en la que se buscará determinar el verdadero alcance económico y territorial de la presunta estafa piramidal.
Mientras tanto, las organizaciones de defensa del consumidor y los estudios que patrocinan a damnificados insisten en la necesidad de avanzar con rapidez en las investigaciones pendientes, a fin de garantizar respuestas judiciales para las víctimas y sentar precedentes frente a futuros esquemas de inversión fraudulentos.
