El tribunal de Roca desestimó los recursos presentados por los defensores de las imputadas por usurpar predios de Parques Nacionales y particulares. Son 4 personas que están en esta condición desde octubre.
De la Redacción de EL NORTE
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Las integrantes de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, Betiana Ayelén Colhuan, Martha Luciana Jaramillo, Romina Rosas y María Celeste Ardaiz Guenumil permanecerán detenidas con arresto domiciliario porque la Cámara Federal de Apelaciones de Roca rechazó los recursos presentados por los defensores particulares de las mujeres imputadas por usurpaciones en Villa Mascardi.
Los defensores habían apelado la resolución que la jueza federal de primera instancia María Silvina Domínguez, dictó el 13 de enero pasado, cuando desestimó excarcelar a las mujeres mapuches que cumplen prisión preventiva de manera domiciliaria.
Los jueces de la Cámara de Roca Richar Fernando Gallego y María Carolina Pandolfi rechazaron los recursos de apelación, en una resolución que dictaron el 25 de enero último, según informó uno de los defensores particulares Virgilio Sánchez de la Gremial de Abogados de la Argentina.
Apelación, rechazada
Los camaristas recordaron que el 18 de noviembre pasado habían rechazado una apelación contra la resolución que impuso la prisión preventiva a las imputadas. Señalaron que para avanzar en el tratamiento de este nuevo recurso de apelación era necesaria la incorporación o modificación de aquellos elementos que tuvieron en cuenta en aquella ocasión, cuando concluyeron que existía el riesgo de entorpecimiento de la investigación si se les concedía la libertad a las acusadas. Pero no había ningún elemento en el nuevo recurso en ese sentido.
Recordaron que la actitud de las imputadas “y de los demás miembros de la comunidad de impedir constantemente la acción estatal jurisdiccional mediante violencia no sólo en ocasión del desalojo sino desde 2017 a la actualidad”. Por eso, rechazaron las apelaciones.
Desalojo y posterior diálogo
Las cuatro mujeres están detenidas desde el 4 de octubre pasado. Fueron arrestadas durante el operativo de desalojo que efectivos de la Policía Federal ejecutaron en los predios usurpados por la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. La orden de desalojo la dictó Domínguez, que subroga el juzgado federal de Bariloche.
Los varones de la comunidad huyeron hacia la montaña. Varios de ellos aún tienen orden de captura vigente.
“Todavía quedan cuatro mujeres mapuches detenidas, ocho niños y tres bebés. Eso es lo que más nos preocupa. Están en prisión domiciliaria. No sabemos por qué les niegan la excarcelación, por un delito totalmente excarcelable”.
Cristina Caamaño, abogada y veedora por “Justicia Legítima”.
En ese momento, la entonces ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, presentó su renuncia “indeclinable” al cargo que había asumido en diciembre de 2019, tras denunciar violaciones de derechos humanos en el operativo de desalojo de la comunidad mapuche en Villa Mascardi.
El 31 de enero estaba prevista una reunión de la mesa de diálogo en Bariloche, pero se pospuso para el 8 de febrero.
“Todavía quedan cuatro mujeres mapuches detenidas, ocho niños y tres bebés. Eso es lo que más nos preocupa. Están en prisión domiciliaria”, señaló la abogada y veedora por “Justicia Legítima”, Cristina Caamaño, y agregó: «Intentamos llegar a este acuerdo y ver por qué les niegan la excarcelación a estas mujeres, por un delito totalmente excarcelable”.
“Justicia Legítima” es una de las agrupaciones jurídicas que, junto con organismos de derechos humanos, le hicieron llegar un petitorio al presidente Alberto Fernández para que impulsara la mesa de diálogo. “Él quiere que se resuelva el problema y estamos trabajando para eso. También hay involucradas organizaciones internacionales. Somos muchos los interesados en que cese la persecución, que se llegue a un acuerdo entre la comunidad mapuche y el Estado Argentino”, afirmó.
Los veedores se encargar de observar la situación, dialogar con las autoridades mapuche y elaborar un informe que después harán llegar al mandatario nacional, con la intención de que se arribe a una solución conjunta.
