Desde el ámbito judicial porteño expresaron que que no era competente la Justicia federal para resolver el caso, por ende la intervención de Sebastián Casanello tampoco.
La Cámara Federal porteña apartó hoy al juez federal Sebastián Casanello de la causa contra el protocolo anti piquete que implementó el ministerio de Seguridad por la protesta callejera.
La decisión del Tribunal fue casi en simultáneo a la realización de una segunda audiencia convocada por Casanello en el marco de un hábeas corpus en el que iba a terminar de escuchar por un lado a los funcionarios del Ministerio de Seguridad y a los partidos de izquierda por el otro, tras lo cual tenía que definir sobre la legalidad del protocolo.
El tribunal entendió que no era competente la Justicia federal para resolver el caso y por eso decide correrlo al juez, que en el caso estaba interviniendo. No obstante, había un pedido de apartamiento de Casanello en los últimos días por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich al acusarlo de ser parcial a favor del MST, el partido que inició la causa en contra el protocolo, y de ser incompetente.
Casanello había convocado para las 11 en Comodoro Py a la legisladora del MST Celeste Fierro y los funcionarios del Ministerio de Seguridad, y cuando ya todos estaban en el edificio de Comodoro Py los sorprendió la decisión de la Cámara Federal.
El juez ya había escuchado a las partes en una primera audiencia la semana pasada tras lo cual la Cámara Federal le había cuestionado que tramite el caso como un hábeas corpus y sugerido que no era competente.
En esa ocasión, la Cámara anuló una instrucción al juez Casanello que le había ordenado a Bullrich para que las fuerzas de seguridad actúen ante la protesta callejera dentro de los límites constitucionales.
Casanello replicó que el hábeas corpus tenía un fin preventivo ante la denuncia que coartaba la libertad de protesta y ratificó la realización de la audiencia que se terminó suspendiendo.
Tras ello, el Ministerio de Seguridad planteó el apartamiento del juez y la nulidad del proceso y lo acusó de ser parcial a favor de los partidos de izquierda. Finalmente, el juez de la Cámara Martín Irurzun decidió que la Justicia Federal era incompetente para seguir actuando y el caso debía pasar a la justicia de instrucción.