La Cámara Federal apartó a Quintela de la causa por fondos viales

La Justicia limita el rol de La Rioja en la investigación por el SisVial

Cámara Federal porteña aparta a Ricardo Quintela como querellante en la causa por fondos viales

NewsITe

La Cámara Federal porteña decidió apartar al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, como querellante en la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), un fideicomiso nacional destinado a financiar obras en rutas del país. La resolución también alcanzó a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y dejó en suspenso diversas diligencias probatorias impulsadas por las querellas.

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El fallo, firmado por los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola de la Sala I, revocó la decisión del juez federal Ariel Lijo, quien había habilitado la participación de Quintela como parte acusadora. El tribunal hizo lugar a un planteo realizado por el fiscal federal Carlos Stornelli, que había cuestionado la legitimación del mandatario riojano para intervenir como querellante en el expediente.

Quintela había solicitado ser reconocido como damnificado directo al sostener que la falta de ejecución de obras en rutas nacionales que atraviesan La Rioja generaba un perjuicio económico y productivo para la provincia. Sin embargo, los camaristas entendieron que ese argumento no alcanzaba para acreditar un daño específico, directo y diferenciado respecto del resto de las jurisdicciones que dependen del mismo esquema de financiamiento vial.

En esa línea, la Cámara consideró que el paso de las rutas nacionales por el territorio riojano y los eventuales gastos asumidos por la administración local no configuraban, por sí solos, un perjuicio particular que habilitara a la provincia, a través de su gobernador, a desempeñar el rol de querellante en una causa penal que tiene como eje el manejo de un fideicomiso nacional.

Medidas de prueba alcanzadas y alcance del expediente

La decisión del tribunal impacta de manera directa sobre una serie de medidas de prueba que habían sido ordenadas a partir del impulso de las querellas. Entre ellas, figuraban pedidos de informes destinados a reconstruir el destino de los fondos del fideicomiso y a conocer con precisión el estado de las rutas nacionales 73, 75 y 76 en territorio riojano.

Esas diligencias incluían requerimientos a organismos de la órbita económica nacional, a la Dirección Nacional de Vialidad y a entes de control, con el objetivo de trazar un mapa detallado de cómo se habían utilizado los recursos del SisVial. La Cámara sostuvo que tales medidas se dispusieron sin un requerimiento fiscal que promoviera formalmente la acción penal, por lo que quedaron alcanzadas por la suspensión hasta que el fallo quede firme.

El expediente investiga el presunto uso irregular de fondos del fideicomiso vial, creado para financiar obras de infraestructura en rutas estratégicas. En la causa se encuentra imputado el ministro de Economía, Luis Caputo, a partir de denuncias que cuestionan el destino de esos recursos. El fiscal Stornelli había solicitado desestimar la denuncia, pero la Cámara se concentró, en esta instancia, en definir quiénes pueden intervenir como querellantes y qué validez conservan las medidas ya dispuestas.

Con esta resolución, Quintela pierde por ahora el estatus de parte acusadora y ve limitado su margen de acción judicial en un tema que venía impulsando como bandera política, al vincularlo con la falta de obras claves para la conectividad y el desarrollo provincial. Los pedidos de información sobre las rutas nacionales 73, 75 y 76 quedan igualmente bajo la suspensión ordenada por el tribunal, a la espera de que la decisión sea confirmada o revisada en instancias superiores.

Para la Cámara Federal, el eventual impacto económico en La Rioja no demuestra un perjuicio directo y singular que habilite al gobernador a intervenir como querellante en una causa por el manejo de un fideicomiso nacional.

El pronunciamiento se inscribe en la creciente discusión sobre el control y la asignación de fondos para obras públicas, en un contexto de tensión entre gobiernos provinciales y la administración nacional por la distribución de recursos y la ejecución de proyectos de infraestructura vial.

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