La Cámara de Casación confirmó la elevación a juicio de los tres acusados por millonario fraude financiero. Los defensores habían apelado la medida ordenada en diciembre por la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui. Tras la nueva resolución será un Juzgado Correccional el encargado de juzgar por Administración fraudulenta y Estafas a Walter Gulías, Héctor Páez y a la contadora Paula D´Adamo.
De la redacción de EL NORTE
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Fue confirmado por la Cámara de Casación provincial el enjuiciamiento de las tres personas imputadas en la causa por una multimillonaria defraudación financiera. Héctor Páez, Paula D´Adamo y Walter Gulías deberán enfrentar a un Juez Correccional para responder cargos bajo la imputación de Administración fraudulenta y Estafas. En los próximos días será sorteado el juzgado y se reunirán las partes para que el magistrado resuelva acerca de la pertinencia de la prueba. Cumplidos estos pasos se asignará la fecha de juzgamiento.
La elevación a juicio había sido pedida por el fiscal Patricio Múgica Díaz agente de la UFI N°14, a cargo de la instrucción, a fines de diciembre del año pasado. La titular del Juzgado de Garantías N°3, magistrada María Eugenia Maiztegui hizo lugar al pedido y ordenó que se realizara el debate. La medida fue apelada por los abogados defensores de los tres imputados y finalmente la Cámara resolvió, confirmando que los acusados sean sometidos a juicio oral.
En el año 2013 los procesados abrieron la financiera “Casa de cambios San Nicolás”, la cual poseía distintas sucursales en puntos céntricos de la ciudad. En la misma, además del cambio de diversas monedas, se ofrecían inversiones en dólares y en pesos a tasas de muy alta rentabilidad. La oferta de inversión era muy tentadora y cientos de personas depositaron su dinero. En principios el funcionamiento era normal, pero seis años después comenzó la pesadilla para los ahorristas que ya no lograban recuperar su dinero.
Tras las primeras denuncias presentadas en 2019 se inició una investigación por múltiples maniobras financieras engañosas. El proceso involucra a Gulías, Páez y D´Adamo, quienes están acusados por la presunta comisión de defraudaciones por cifras varias veces millonarias. Les imputan los delitos de Administración Fraudulenta y Estafas reiteradas en perjuicio de una gran cantidad de ahorristas. Los tres imputados se encuentran con prisión domiciliaria otorgada en diferentes momentos por razones de salud luego de haber permanecido varios meses alojados en la UP3 en el caso de Gulías y de D´Adamo y en una unidad de Lomas de Zamora en el caso de Páez.
Los hechos investigados
En el año 2019 comenzaron a producirse los primeros incumplimientos cuando ya no retornaban a los inversores los intereses ni el capital invertido. Más de cien personas damnificadas comenzaron a sumar sus denuncias. El caso se conoció públicamente cuando un ahorrista de 65 años irrumpió armado con un revólver en el departamento que ocupaba Walter Gulías, lo tomó de rehén y amenazó con matarlo y luego quitarse la vida si no le devolvía una inversión realizada por una suma superior a los 30 mil dólares. Luego de horas de tensión y de una larga negociación, depuso su actitud, liberó al financista y se entregó a la policía. Tras las denuncias y las primeras medidas de investigación la Justicia trabó embargos millonarios para intentar salvaguardar el dinero de los damnificados.
En pleno curso de la instrucción se realizaron once allanamientos donde secuestraron dinero en efectivo en moneda nacional y en moneda extranjera, documentaciones, equipos informáticos, celulares, notebook, CPU, entre otros elementos. También se trabaron embargos millonarios sobre propiedades inmobiliarias, autos de alta gama y embarcaciones para preservar los capitales de los inversores. Es así que en octubre de 2022 la Justicia realizó embargos preventivos que habían sido pedidos por la fiscalía y que alcanzaron una cifra que en ese momento rondaría los 150 millones de pesos. La cautelar recayó en diversas propiedades, entre ellas departamentos, casas y cocheras además de costosos automóviles de alta gama y embarcaciones. El monto por el que fue trabada la medida precautoria y que es apenas una parte de la cifra que alcanzaría la defraudación fue de casi 600 mil dólares y 10 millones de pesos.
