El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, y la titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), Natasa Loizou, supervisaron el proceso de destrucción de municiones incautadas por los poderes judiciales de Santa Fe, San Juan, Entre Ríos y Buenos Aires.
El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos y la titular de la ANMAC supervisaron el traslado y destrucción de 53.222 municiones incautadas y decomisadas en el marco de investigaciones penales por los poderes judiciales de Santa Fe, San Juan, Entre Ríos y Buenos Aires, en los términos de la Ley 25.938.
“Desde que volvimos a implementar la política de destrucción de armas de fuego y municiones discontinuada entre 2016 y 2019, ya destruimos más de 53 mil armas de fuego y más de 9 toneladas de municiones. Esto solo fue posible gracias a la decisión política del Gobierno Nacional de recuperar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas y el trabajo coordinado con las provincias que realizamos desde ANMaC y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación” destacó Soria.
El proceso de destrucción comenzó en el Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMAC), donde se procedió a resguardar el material controlado para ser trasladado y destruido en la cantera “La Victoria Yacimiento”, ubicada en el partido bonaerense de Ezeiza. La destrucción fue realizada por técnicos especialistas de la División de Explosivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y participaron varias fuerzas de seguridad para custodiar las municiones a destruir.
Asimismo, la directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Natasa Loizou, señaló: “vamos a seguir con mucho compromiso sacando de circulación armas y municiones. Nuestro plan de destrucción está activo, estamos preparando varias destrucciones para este año y tenemos la esperanza de poder superar nuestras metas presupuestarias y las metas que están establecidas por la ONU”.
El BANMAC, inaugurado en 2015, es el depósito de armas de fuego, municiones y demás materiales regulados por la Ley Nacional de Armas de Fuego – Ley 20.429-. Allí se almacenan y resguardan los materiales hasta su destrucción.
La Ley 26.216 sancionada en diciembre de 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, creó el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que comenzó a implementarse en 2007 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Desde entonces, gracias a este y a las destrucciones realizadas en el marco de las leyes 25.938 y 20.429, se destruyeron más de 450.000 armas y más de 9 toneladas de municiones. El Programa fue destacado por la ONU con el premio “Política del Futuro 2013”.