La Auditoría General reabre el caso por el fentanilo adulterado
NewsITe
La Auditoría General de la Nación (AGN) reactivó una investigación clave sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en el marco de la causa por fentanilo contaminado, que dejó más de un centenar de víctimas fatales y abrió un fuerte debate sobre los controles estatales en el sistema sanitario argentino.
Según un escrito remitido a la agencia Noticias Argentinas, la AGN convocó a familiares de las víctimas del fentanilo adulterado a un taller de planificación participativa para este jueves 26 de marzo, a las 10.30, en el Edificio Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es delinear una auditoría de gestión sobre la ANMAT y su rol en el control de medicamentos.
La reunión se enmarca en un escenario institucional sensible: avanza una causa judicial que analiza posibles responsabilidades del Ministerio de Salud, la ANMAT y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), mientras que los informes de una comisión investigadora aún no derivaron en respuestas concretas ni en reformas profundas del sistema de control.
Fallas en los controles y una cadena de responsabilidades en la mira
De acuerdo con la investigación a cargo del juez federal Ernesto Kreplak y los reportes técnicos ya producidos, el caso del fentanilo adulterado expuso una secuencia grave de fallas: debilidades en la detección temprana de riesgos, controles insuficientes durante la producción, antecedentes que habrían sido pasados por alto y un sistema de trazabilidad y retiro de medicamentos que no logró activarse a tiempo.
La magnitud del hecho quedó plasmada en los datos enviados por la Justicia Federal al Cuerpo Médico Forense a fines de enero. Allí se confirmó que el opioide adulterado provocó 111 muertes, sobre un total de 159 casos analizados durante la Feria Judicial. En ese mismo informe se estableció que 48 pacientes lograron sobrevivir tras haber estado expuestos a la sustancia contaminada.
En paralelo, la causa penal acumula 14 personas procesadas y detenidas. Entre ellas se encuentra Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., señalado como una de las piezas centrales en la cadena de producción y comercialización del lote de fentanilo cuestionado.
El rol de los laboratorios y el foco sobre el lote 31202
García Furfaro, con vínculos políticos de alto perfil, fue considerado por la Justicia como “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por la muerte de 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales en forma peligrosa para la salud. La imputación alcanza también a integrantes de sus equipos en HLB Pharma y Ramallo S.A.
Según surge del expediente, el empresario habría intervenido junto a 16 miembros de ambos laboratorios en la toma de decisiones vinculadas con la fabricación, distribución y venta del fentanilo que integraba el lote 31202, destinado al uso sanitario público. Ese lote tenía orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024, y es señalado como el eje de la maniobra.
Los peritajes dan cuenta de que la adulteración de la sustancia medicinal respondió a un proceso de fabricación atravesado por múltiples falencias, varias de ellas calificadas como críticas. Durante ese período se habrían registrado diversas alertas internas y externas que, de acuerdo con la acusación, no fueron debidamente atendidas ni por la empresa ni por los organismos de control.
Qué se espera de la auditoría de la AGN sobre la ANMAT
La auditoría de gestión que prepara la AGN buscará determinar en detalle cómo actuó la ANMAT antes, durante y después de la circulación del fentanilo contaminado: qué controles se realizaron sobre los laboratorios involucrados, cómo funcionaron los sistemas de monitoreo y trazabilidad, y si existieron omisiones u otras irregularidades administrativas.
La participación de los familiares de las víctimas en el taller de planificación apunta a incorporar su mirada en la definición de prioridades, para que la investigación contemple no solo aspectos técnicos y normativos, sino también el impacto social y humano del hecho. De avanzar, las conclusiones podrían derivar en recomendaciones de cambios estructurales en los mecanismos de supervisión del Estado sobre la industria farmacéutica.
Con una causa judicial aún en trámite, procesados detenidos y una sociedad que reclama respuestas, el trabajo de la AGN sobre la ANMAT se perfila como una pieza clave para esclarecer qué falló y qué medidas deberán adoptarse para evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse.
