En medio de la recientemente reabierta paritaria salarial para los colectiveros, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) buscó despegarse del conflicto entre las empresas y el Estado, tanto el nacional como los provinciales y las administraciones municipales. “Como representantes sindicales tenemos la obligación de recomponer los ingresos reales de los trabajadores para que no pierdan ante la inflación”, advirtió el gremio
De la redacción de EL NORTE
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Este martes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) tendrán la segunda audiencia de la reabierta paritaria salarial para los trabajadores de servicios de corta y media distancia del interior del país. En el encuentro inicial, el gremio que conduce Roberto Fernández le puso números a su reclamo: pidieron un 22% retroactivo a los salarios de diciembre y quieren sumar otros dos escalonamientos de 27% en los de enero y de 33% (acumulativos ambos) en los haberes correspondientes a febrero.
Tal como ya informó EL NORTE, desde el borde empresarial de la mesa de negociación en el Ministerio de Capital Humano de la Nación hablaron de un cumplimiento por ahora “imposible” de esa demanda salarial.
La Fatap advirtió que no están dadas las condiciones para siquiera emprender un “análisis serio” del planteamiento del gremio. “La ausencia de medidas concretas que doten al sistema de transporte de pasajeros del interior del país de mínimas condiciones de previsibilidad y sustentabilidad tornan imposible generar un análisis serio y consistente de los planteos formulados por la UTA y menos aún proyectar la continuidad de los servicios dado que, en la actualidad, las empresas nucleadas en esta Federación registran serios inconvenientes para cumplir con los compromisos salariales vigentes, lo que está provocando interrupciones de servicios en diferentes jurisdicciones”.
La ausencia de medidas concretas que doten al sistema de transporte de pasajeros del interior de mínimas condiciones de previsibilidad tornan imposible generar un análisis serio de los planteos formulados por la UTA, advirtió la Fatap.
En la audiencia, la entidad empresarial enumeró los ingredientes del cóctel explosivo que atenta contra el sistema de transporte público en el interior: el incremento en los insumos (entre ellos, el combustible), la falta de certezas respecto al presupuesto nacional que se destinará al sostenimiento del sistema, los incumplimiento en el reparto de compensaciones nacionales y provinciales, la fijación de tarifas municipales que no se ajustan a los mecanismos técnicos previstos.
El pedido
Frente a ese panorama, el gremio fue contundente. “Los trabajadores del colectivo no inventamos el sistema de subsidios, no vamos a permitir que se nos coloque en medio de una disputa entre las empresas y el Estado nacional, los provinciales y municipales respecto del sistema de transporte que se pretende”, remarcaron los dirigentes de la UTA, según consta en el acta de la audiencia.
UTA planteó que “resulta indispensable alcanzar un incremento salarial, en orden a un 22% sobre el salario acordado para el mes de diciembre, para recuperar el desfasaje existente”. Y pidió acumulativos de 27% para enero y de 33% para febrero.
Y completaron: “Como representantes sindicales tenemos la obligación, y así lo haremos, de recomponer los ingresos reales de los trabajadores para que no pierdan ante la inflación. Conforme ello, resulta indispensable alcanzar un incremento salarial, en orden a un 22% sobre el salario acordado para el mes de diciembre, para recuperar el desfasaje existente entre el incremento ya acordado para dicho mes y lo proyectado como índice de inflación. En similar sentido, conforme las proyecciones y estimaciones para los dos primeros meses del presente año, entendemos necesario efectuar una pretensión para el corriente mes de enero de un incremento del 27% y para el mes de febrero de un 33%, en ambos casos con carácter acumulativo”.
Las partes volverán a encontrarse en audiencia virtual (vía Zoom) este martes a las 16:00, convocadas nuevamente por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación.
