La joven santiagueña enfrenta un proceso penal en Río
NewsITe
Agostina Páez, la abogada santiagueña de 29 años que permanece retenida en Brasil acusada de realizar gestos racistas en un bar de Ipanema, aseguró que está “muerta de miedo” ante la posibilidad de quedar detenida en ese país. La justicia brasileña ordenó su arresto en el marco de una causa por delitos raciales, un tipo penal que allí tiene una fuerte carga simbólica y sanciones severas.
El episodio ocurrió el 14 de enero en un bar de la zona sur de Río de Janeiro, uno de los puntos turísticos más concurridos del país vecino. Según la investigación, Páez habría dirigido gestos discriminatorios hacia un grupo de brasileños, lo que derivó en una denuncia formal y luego en la intervención del Ministerio Público. Desde entonces, su situación procesal se fue agravando.
A la abogada le retuvieron el pasaporte y se le colocó una tobillera electrónica, medidas cautelares que le impiden salir de Brasil. En las últimas horas fue notificada oficialmente de que está imputada y de que podría enfrentar una pena que va de dos a cinco años de prisión si la justicia la declara culpable por delitos de carácter racial, una figura penal que en Brasil suele tener escasa tolerancia por parte de los tribunales.
En un video difundido este jueves, Páez sostuvo que siente que “se están vulnerando” sus derechos y que siempre mostró disposición para colaborar con las autoridades. “Necesito ayuda. Tengo miedo de verme perjudicada haciendo este video, que se me vulneren todavía más mis derechos, sobre los hechos no puedo hablar, solo decir que hay un contexto que está en la causa y que no es tenido en cuenta solo para perjudicarme. Espero que todo se aclare”, expresó.
Argumentos judiciales y contexto del caso en Brasil
De acuerdo con información a la que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, la reacción de la joven habría sido una respuesta a burlas y gestos obscenos provenientes de un grupo de hombres que se encontraba en el mismo bar. Ese presunto contexto forma parte del expediente pero, según la defensa de Páez, no estaría siendo debidamente ponderado en la causa.
El 37° Juzgado Penal de Río de Janeiro fundamentó la orden de detención en un documento en el que señala que, si bien inicialmente se habían adoptado medidas alternativas a la prisión —como la vigilancia electrónica—, esas disposiciones “no son suficientes para neutralizar el peligro procesal existente”. Para el tribunal, la gravedad del hecho y la posible reiteración justificarían un mayor rigor.
- Confiscación del pasaporte y prohibición de salida del país.
- Colocación de tobillera electrónica y monitoreo permanente.
- Imputación por delitos raciales, con pena de 2 a 5 años de prisión.
La fiscalía, por su parte, argumentó que la conducta de la ciudadana argentina refuerza la necesidad de prisión preventiva. En el dictamen se señala que, incluso luego de ser advertida por distintos funcionarios de que sus gestos constituían un delito en Brasil, la acusada habría perseverado en la conducta discriminatoria e incluso la habría extendido al espacio público, fuera del bar.
“Incluso después de haber sido advertida por más de un funcionario de que su conducta constituía un delito en Brasil, la acusada persistió en los delitos raciales, extendiéndolos incluso al espacio público”, sostuvo la fiscalía en su presentación.
Mientras tanto, el caso genera preocupación en el entorno de Páez y sigue de cerca la atención de las autoridades consulares argentinas, en un contexto regional en el que los episodios ligados a discriminación racial son cada vez menos tolerados y suelen tener fuerte repercusión social y mediática.
