Extienden la prisión preventiva a un acusado por trata en karaokes coreanos
NewsITe
La justicia federal decidió prorrogar por seis meses la prisión preventiva de B.H.K., conocido como “Manuel”, de 49 años y de origen coreano, acusado de liderar una red de explotación sexual que operaba en karaokes del barrio porteño de Bajo Flores. La medida fue dictada por el Tribunal Oral Criminal Federal N° 8 y confirmada luego por la Cámara Federal de feria, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky.
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El caso, investigado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de los fiscales Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, se centra en una presunta organización que habría captado y explotado sexualmente a mujeres de nacionalidad coreana y a trabajadoras sexuales argentinas y brasileñas, en el marco de locales nocturnos presentados como simples karaokes.
Según la acusación, “Manuel” y al menos tres cómplices habrían ofrecido, trasladado, recibido y alojado en la Argentina a siete mujeres coreanas mayores de edad, con el fin de promover su explotación sexual en habitaciones privadas ubicadas detrás de las salas de canto. Los hechos se remontan a 2016, cuando un llamado anónimo a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate denunció la existencia de prostitución encubierta en el karaoke “Luxury”, en la calle Lautaro al 1200.
En aquel operativo, efectivos de la Policía Federal infiltrados hallaron siete mujeres surcoreanas, siete salas de karaoke, cinco habitaciones con baño en suite y un dispenser de preservativos. En las puertas podía leerse un mensaje llamativo: “EL PRESERVATIVO PEDIR EN MOSTRADOR”. Un segundo allanamiento en otro karaoke, sobre la calle Remedios de Escalada, mostró un esquema casi idéntico. Allí, las mujeres coreanas afirmaban que su tarea consistía solo en acompañar y conversar en su idioma con los clientes.
Una causa larga, giros judiciales y nuevas pruebas
En 2018, pese a las sospechas, la Sala I de la Cámara Federal dictó la falta de mérito para “Manuel” y sus socios. La jueza María Romilda Servini consideró entonces que las pruebas no alcanzaban para sostener una acusación firme por trata de personas. Las víctimas declararon, incluso, que habían pagado sus pasajes a la Argentina con tarjetas de crédito propias, lo que debilitó la hipótesis de captación forzada desde el extranjero.
Sin embargo, la historia tuvo un giro. El 29 de diciembre de 2023, nuevos allanamientos en locales de las calles Carabobo y en la avenida Asamblea, nuevamente vinculados al acusado, reactivaron la causa. La División Trata de Personas de la PFA encontró allí indicios renovados de explotación sexual, entre ellos la presencia de una adolescente de 17 años sometida a prostitución.
“Manuel” declaró una vez más que su actividad se limitaba al despacho de bebidas y a realizar traslados como remisero. Reconoció que buscaba mujeres en el aeropuerto para llevarlas a direcciones de Lautaro y Carabobo, pero sostuvo que lo hacía “de favor”. Otros tres sospechosos, entre ellos su primo “David” y un hombre apodado “Peki”, se negaron a declarar. Intervenciones telefónicas y seguimientos de inteligencia los ubicaron como presuntos administradores de distintos locales nocturnos señalados como prostíbulos.
- Escuchas telefónicas mencionan directamente “puteríos coreanos” en la zona de Carabobo.
- Una testigo señaló que en una sola sala podían recaudar hasta 30 mil pesos, de los cuales la mitad quedaba para el proxeneta.
- Trabajadoras sexuales argentinas y brasileñas denunciaron que los imputados se quedaban con el 50% de cada servicio.
“Vos pensá que nosotras hacíamos una sala 30 lucas, él se quedaba con 15, porque se tenía que quedar con la mitad”, se escucha decir a una mujer en una de las conversaciones incorporadas al expediente.
Pese al cuadro que describen las pruebas, la acusación enfrenta un desafío central: hasta ahora, los fiscales no lograron demostrar que las mujeres coreanas participaron efectivamente en encuentros sexuales con clientes. Ellas insistieron en que solo acompañaban a los habitués en las cabinas de karaoke, sin actividad sexual. Para un investigador del caso, el punto es clave: “En un juicio, una habitación con baño en suite no prueba nada. Dispensers de preservativos hay en cualquier restaurante. Las tareas de inteligencia, básicamente, no se hicieron dentro de los locales mismos”.
Con la prisión preventiva extendida, “Manuel” y los otros imputados esperan el avance hacia el juicio oral. Allí se definirá si la justicia considera probado un esquema de trata de personas con fines de explotación sexual o si los indicios resultan insuficientes para una condena por uno de los delitos más complejos y sensibles en la agenda judicial argentina.
