Juzgan a un juez federal por maltrato laboral y violencia de género
NewsITe
El juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, comenzó a ser juzgado por el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, acusado de maltrato laboral, violencia de género y conductas que, según la acusación, afectaron de manera directa el funcionamiento del servicio de Justicia.
El magistrado se encuentra suspendido en sus funciones y procesado penalmente por lesiones y amenazas contra empleados judiciales. Durante la audiencia inicial, los consejeros Diego Barroetaveña y Alberto Maques, a cargo de la acusación, adelantaron que pedirán su remoción por mal desempeño, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de los tribunales federales.
De acuerdo con el escrito acusatorio, funcionarios y empleados del tribunal habrían soportado “un verdadero infierno” en su ámbito de trabajo. Los denunciantes describieron un patrón de violencia que incluiría gritos constantes, descalificaciones, ataques de ira, golpes en el escritorio, amenazas de sanciones disciplinarias y una actitud que califican como persecutoria hacia el personal a su cargo.
Acusación por abuso de poder y episodios de violencia
Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, sostuvo ante el jurado que el caso trasciende “un mero conflicto laboral” o hechos aislados, y que lo que se discute es el modo en que Díaz Lacava ejerció la magistratura, en un contexto que definió como un claro “abuso de poder”.
Entre los episodios consignados en el expediente figura la presunta agresión a un empleado judicial mediante el arrojo de una piedra. El dictamen del Consejo de la Magistratura le atribuye al juez “graves desórdenes de conducta personal, falta de probidad y decoro”, conceptos que, de acreditarse, encuadran dentro de las causales de remoción previstas por la Constitución y la ley de enjuiciamiento de magistrados.
En paralelo al jury, Díaz Lacava enfrenta un procesamiento penal por lesiones leves y graves, además de amenazas simples y coactivas contra dos trabajadores y cuatro trabajadoras judiciales. La causa penal encuadra los hechos en un marco de violencia y maltrato laboral y, en el caso de las denunciantes mujeres, de violencia de género, en línea con la normativa que exige perspectiva de género en el tratamiento de este tipo de casos.
La estrategia de la defensa y la postura del juez
La defensa del magistrado, a cargo del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, rechazó de plano las acusaciones y puso en duda que se haya probado el daño alegado por los denunciantes. “¿Cuál es el daño probado de los denunciantes?”, interrogó el letrado durante su exposición ante el jurado, al tiempo que repasó la trayectoria judicial de Díaz Lacava y mencionó episodios que, según su tesis, darían cuenta de una relación distinta entre el juez y parte del personal que hoy lo denuncia.
Al inicio del debate, el Jurado de Enjuiciamiento le ofreció a Díaz Lacava la posibilidad de declarar, pero el juez optó por postergar su testimonio hasta después de la producción de la prueba. “Quiero declarar y quiero dar mi versión sobre las acusaciones que he escuchado hace más de tres años y medio, pero prefiero no hacerlo en este momento”, explicó el magistrado, quien sostuvo que la acusación “ha mutado” con el avance del expediente.
Según argumentó, su intención es escuchar previamente a los testigos y analizar en detalle el material probatorio que se incorpore en las audiencias para luego responder preguntas antes del cierre del proceso, una estrategia habitual en este tipo de juicios políticos a magistrados.
Composición del jurado y próximos casos en la mira
El Jurado de Enjuiciamiento que analiza la situación de Díaz Lacava está integrado por los jueces Marcelo Gastón Bartumeu Romero, quien lo preside, y Néstor Pablo Barral; las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López; los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández, representante del ámbito académico y profesional.
Díaz Lacava es el tercer magistrado sometido a jury en menos de un año, en un contexto de creciente control sobre la actuación de los jueces federales. En 2025 fue destituido Martín Poderti, integrante de un tribunal oral de Mar del Plata, mientras se aguarda la definición respecto del juez Alfredo López. Tras este proceso, el próximo caso en agenda será el del juez rosarino Gastón Salmain, quien está procesado por presunto cobro de coimas a cambio de resoluciones favorables.
Con las exposiciones iniciales ya realizadas, el jurado comenzó a escuchar a los testigos convocados para las audiencias de los próximos días, instancia clave para definir si Díaz Lacava continuará en su cargo o será finalmente removido.
El resultado del jury no sólo impactará en la situación personal del magistrado pampeano, sino que también se proyecta sobre el debate más amplio en torno a la responsabilidad disciplinaria de los jueces y la obligación del Poder Judicial de garantizar ámbitos laborales libres de violencia, maltrato y discriminación.
