Revés para la defensa y cuenta regresiva para el jury
NewsITe
El suspendido juez federal de Rosario, Gastón Salmain, enfrentará desde este martes, a partir de las 9.30, el juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El proceso definirá si es destituido de su cargo en medio de graves acusaciones por mal desempeño e irregularidades vinculadas a maniobras financieras millonarias.
La previa del debate estuvo marcada por un revés para la estrategia de la defensa: el Jurado dejó sin efecto la citación de Fernando Whpei, financista y arrepentido en la causa penal donde se investiga la presunta salida irregular de fondos al exterior. La presencia de Whpei había sido solicitada por los abogados de Salmain, pero fue objetada por los consejeros que actúan como acusadores.
Salmain está procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. Según la imputación, habría manipulado un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso que permitió transferir cerca de 10 millones de dólares a cuentas en el exterior entre septiembre de 2023 y abril de 2024, a cambio de una presunta coima de 200 mil dólares.
En esa investigación también quedó involucrado el exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque y figura procesado un lobbista judicial señalado como intermediario de la operatoria. Aunque se dictó una orden de detención contra Salmain, la misma no se ejecutó debido a que el magistrado aún conserva fueros, pese a estar suspendido.
El rol de Whpei y la decisión del Jurado
Whpei, empresario vinculado a la maniobra financiera bajo la lupa, declaró como arrepentido en el expediente penal. La defensa de Salmain había logrado inicialmente que fuera convocado como testigo en el jury, con la expectativa de que sus dichos favorecieran la situación del magistrado. Sin embargo, los consejeros acusadores —el senador Luis Juez, el juez Diego Barroetaveña y la abogada Jimena De la Torre— solicitaron revocar esa citación.
Los acusadores argumentaron que se estaba creando una figura de testigo potencialmente incompatible con las garantías procesales, dado que Whpei está procesado en la misma causa y además fue denunciado penalmente por el propio Salmain. Ante esa situación, el empresario fue notificado y ejerció su derecho a no declarar ni responder preguntas.
El Jurado consideró aplicable la garantía constitucional que impide obligar a una persona a declarar sobre hechos por los que está siendo investigada penalmente. En su resolución, señaló que, tratándose de la misma materia por la cual Whpei está imputado en causas penales, insistir con su comparecencia “carece de sentido” y podría vulnerar el artículo 18 de la Constitución Nacional y pactos internacionales de derechos humanos.
Antecedentes y acusaciones contra Salmain
Además de las acusaciones por el manejo del expediente vinculado al fideicomiso, Salmain enfrenta cuestionamientos por supuestas irregularidades en su carrera judicial. Se le reprocha haber ocultado en su currículum, durante el concurso que derivó en su designación como juez federal, que en 2002 fue expulsado del Poder Judicial cuando se desempeñaba en el fuero de la Seguridad Social.
- En aquel entonces, habría ofrecido una coima para manipular el sorteo de una causa.
- Ese antecedente no fue consignado en la documentación presentada para concursar al cargo.
El magistrado suspendido argumentó que no incluyó ese episodio porque no se le pidió expresamente y porque, según su postura, se trataba de un hecho antiguo. No obstante, el Consejo de la Magistratura decidió por unanimidad enviarlo a juicio político, entendiendo que esos datos eran relevantes para evaluar su idoneidad.
La resolución que dejó sin efecto la citación de Whpei fue firmada por el presidente del Jurado, Marcelo G. Bartumeu Romero; el juez Néstor Pablo Barral; los legisladores María Belén Monte de Oca, María Florencia López, Nicolás Fernando Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández.
Con el inicio del jury, el futuro de Salmain queda ahora en manos del Jurado de Enjuiciamiento, que deberá ponderar las pruebas, los testimonios y los antecedentes para determinar si el juez continuará en su cargo o será destituido en uno de los procesos disciplinarios más sensibles de la justicia federal rosarina en los últimos años.
